Ultmátum en Comodoro: Patagonia Argentina rechazó una nueva prórroga y exige un contrato directo por cinco años para no paralizar el transporte.
El esquema de transporte público de pasajeros en la ciudad de Comodoro Rivadavia ingresó en una fase de extrema tensión institucional y legal. La firma prestataria del servicio urbano, Patagonia Argentina, endureció de forma drástica su posición frente al Poder Ejecutivo local y notificó formalmente que rechazará de plano la propuesta oficial para extender el vínculo de manera precaria.
Ante el vencimiento de la prórroga vigente fijado para el próximo domingo 31 de mayo, la corporación condicionó la continuidad de las prestaciones a la firma de una contratación directa por un término de cinco años, un planteo que busca anular la saga de extensiones de corto plazo e interrumpir la transición hacia el operador recientemente preadjudicado, este martes 26 de mayo de 2026.
La postura corporativa fue refrendada por el asesor legal de la empresa, José María Ferreyra de las Casas, quien precisó que la contestación formal ya fue ingresada a los despachos del Palacio Municipal.
El letrado aclaró que, por un principio de responsabilidad con la comunidad, la empresa mantendrá el despliegue de las unidades para evitar dejar a pie a los usuarios a partir del lunes 1° de junio, aunque supeditó la sustentabilidad del sistema a que el Ejecutivo acepte negociar una estabilidad contractual de mediano plazo que permita amortizar los costos operativos.
Litigio judicial y una millonaria demanda por 37 millones de dólares
La pulseada administrativa por las frecuencias comodorenses se trasladó de forma paralela a los estrados de los tribunales provinciales.
La representación legal de Patagonia Argentina confirmó la interposición de una demanda contencioso-administrativa contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, solicitando la nulidad absoluta del proceso de licitación pública que culminó con la adjudicación del servicio en favor del competidor nacional, el Grupo MR.
Los directivos de la prestataria histórica advirtieron que, en caso de recibir un fallo adverso por parte del Poder Judicial respecto de la impugnación del pliego, activarán de forma subsidiaria una acción civil por daños y perjuicios. El monto de la indemnización pretendida por la compañía se tasó en 37 millones de dólares, calculados estrictamente bajo el concepto contable de lucro cesante por las utilidades resignadas.
En una fuerte derivación política del escrito judicial, Ferreyra de las Casas remarcó que el texto exige que el eventual resarcimiento económico no sea costeado con el erario público ni las tasas de los contribuyentes, sino mediante el embargo del patrimonio personal de los funcionarios políticos que avalaron el dictamen, señalando de forma directa al intendente, al secretario de Gobierno, a los cuadros de la Asesoría Letrada y a la comisión de preadjudicación.
Denuncias de asimetrías administrativas y desgaste estructural
Desde la perspectiva de la empresa local, el actual conflicto representa el corolario de una supuesta política de hostigamiento institucional que data del año 2015, iniciada bajo el esquema de fiscalización del Ente de Control de Servicios Públicos (EnCoSeP).
Según la argumentación jurídica de la firma, el encadenamiento sistemático de prórrogas cortas aplicado desde 2019 operó como una maniobra de desgaste que erosionó su capacidad de planificación financiera, tornando inviable el financiamiento genuino para la renovación periódica de las unidades y despojándola de competitividad técnica frente a oferentes externos de cara al llamado licitatorio.
Asimismo, el pliego de impugnaciones detallado por Patagonia Argentina denuncia graves vicios de procedimiento y presunto favoritismo en favor del Grupo MR durante la apertura de los sobres licitatorios. Entre las anomalías detectadas, la firma local acusa la existencia de filtraciones y canales de comunicación privilegiados que le habrían permitido a su competidora conocer las propuestas de costos antes de su publicación en el boletín oficial.
En el plano normativo, los asesores de Patagonia señalaron que el municipio vulneró la ordenanza de protección y preferencia para empresas locales, la cual estipula que a igualdad de condiciones o ante brechas tarifarias inferiores al 5%, se debe priorizar el arraigo territorial, argumentando que la oferta económica de la histórica prestataria comodorense fue netamente inferior a la presentada por el grupo rival.