Desidia en la meseta: El IPV le quitó una casa a la Policía del Chubut tras descubrir que estaba abandonada y llena de deudas.
El inmueble, ubicado en la localidad de Gan Gan, había sido cedido a la fuerza de seguridad en 2002. Tras un pedido de informes, las autoridades comprobaron que el lugar permanecía deshabitado desde hacía años y registraba un abultado pasivo en servicios e impuestos. Mediante la Resolución 325, el organismo recuperó la propiedad para transformarla en una sede de la Defensa Pública.
Un insólito caso de abandono institucional quedó al descubierto en el interior de la meseta chubutense. El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) resolvió revocar de manera definitiva la tenencia de una propiedad que se encontraba bajo la órbita de la Policía de la Provincia del Chubut. La medida drástica se adoptó luego de que inspecciones técnicas y administrativas confirmaran que el inmueble se hallaba en un estado de desuso total, acumulando además una abultada morosidad en el pago de tributos y servicios esenciales.
La unidad habitacional recuperada está identificada como la casa número 7 del barrio «10 Viviendas Alborada», en la comuna rural de Gan Gan. El origen del conflicto administrativo se remonta al año 2002, cuando mediante la firma de la Resolución 484, el Estado provincial resolvió ceder la locación del inmueble a la fuerza policial con el objetivo de garantizar el arraigo de los efectivos destinados a la seguridad preventiva de la zona.
Un pedido administrativo que destapó la irregularidad
La situación de abandono real de la vivienda se mantuvo fuera del radar gubernamental durante más de dos décadas, hasta que un requerimiento de otra dependencia pública encendió las alarmas operativas. El Ministerio de la Defensa Pública de la provincia presentó una solicitud formal ante el IPV para gestionar el traspaso de la titularidad de dicho inmueble, con el propósito de refaccionar la estructura y fundar allí un nuevo Centro de Atención destinado al asesoramiento jurídico gratuito de los pobladores de la meseta.
Ante el pedido de traspaso, las gerencias del IPV iniciaron un cruzamiento de datos y una compulsa vecinal que arrojó resultados determinantes:
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Informe comunal: El propio presidente de la comuna rural de Gan Gan ratificó de manera categórica que la propiedad permanecía cerrada, con sus aberturas bloqueadas y sin mantenimiento.
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Dictamen oficial: En la documentación elevada a los despachos del IPV, la jefatura comunal certificó explícitamente que la casa se encontraba «sin habitar y abandonada desde hace varios años», perdiéndose la función social para la cual había sido construida.
Incumplimiento fiscal y revocación definitiva
El relevamiento de los inspectores provinciales constató que el abandono edilicio venía acompañado de graves faltas contractuales. El convenio de locación suscripto a principios de los 2000 estipulaba que la Jefatura de Policía debía absorber de forma puntual el pago de las cuotas de amortización de la vivienda, las tasas de mantenimiento comunal y los consumos energéticos de luz, gas y agua.
La auditoría demostró que la fuerza de seguridad incurrió en un incumplimiento flagrante de todas las cláusulas financieras, generando un pasivo de arrastre con las prestatarias estatales y la hacienda local.
Frente a este escenario de deudas y desuso, la gerencia general del IPV avanzó con la rescisión de la tenencia. A través de la reciente Resolución 325, firmada por el titular del área, Alejandro Asensio, se dispuso dejar sin efecto legal la antigua locación otorgada a la Policía. En los considerandos del documento, Asensio remarcó la obligatoriedad del Estado de regularizar el estado ocupacional del parque habitacional público y ordenó acelerar los trámites de notificación para realizar el traspaso formal del inmueble al Ministerio de la Defensa Pública, dándole una utilidad comunitaria real a la propiedad.
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