El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley «Súper RIGI» para inversiones de vanguardia en IA, biotecnología y semiconductores. Conocé los beneficios.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió formalmente al Congreso de la Nación el proyecto de ley denominado «Súper RIGI» (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias). A diferencia del esquema de incentivos contemplado originalmente en la Ley N° 27.742, este nuevo andamiaje jurídico se estructuró con el propósito específico de captar flujos de capital a gran escala destinados a sectores productivos de frontera tecnológica que actualmente carecen de desarrollo en el tejido industrial argentino o se encuentran en etapas puramente experimentales. El procesamiento técnico de la iniciativa legislativa confirma que el marco normativo se orientará con exclusividad a firmas asociadas a la inteligencia artificial, la biotecnología avanzada y la fabricación de semiconductores este martes 26 de mayo de 2026.
Las corporaciones e inversores interesados en acceder a las franquicias gubernamentales deberán cumplimentar una serie de requisitos operativos rigurosos. La normativa estipula un piso mínimo de inversión fijado en 1.000 millones de dólares por cada proyecto presentado, exigiendo la ejecución efectiva de al menos el 20% de dicha partida presupuestaria durante los primeros dos años de vigencia del beneficio. Asimismo, las compañías deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), figura societaria que tendrá un objeto comercial exclusivo y cuyos activos deberán quedar afectados de manera irrestricta a la actividad tecnológica promovida. En el plano federal, el acceso a los beneficios de carácter nacional quedará condicionado a la adhesión explícita de las provincias y de los municipios, jurisdicciones que deberán comprometerse formalmente a no aplicar nuevos gravámenes, tasas o tasas locales sobre los VPUs constituidos.
El esquema impositivo diferenciado y la devolución de IVA
El núcleo fiscal del proyecto de ley diseña una estructura impositiva marcadamente reducida y competitiva respecto de las alícuotas tradicionales del mercado local. Las empresas integradas al régimen tributarán una tasa fija del 15% en el Impuesto a las Ganancias, complementada con un beneficio de amortización acelerada para los bienes de uso e infraestructura. Por su parte, el reparto de dividendos quedará gravado inicialmente con una tasa del 7%, porcentaje que experimentará una reducción automática al 3,5% una vez transcurridos cuatro años de permanencia inside del programa.
En lo concerniente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Secretaría de Hacienda implementará Certificados de Crédito Fiscal de carácter transferible, herramientas financieras diseñadas para cancelar el impuesto facturado por los proveedores durante la etapa de inversión de capital. Los incentivos comerciales se extienden al ámbito aduanero a través de una exención absoluta en el pago de derechos de importación para la adquisición de bienes de capital e insumos críticos, sumado a un arancel cero para los derechos de exportación sobre los bienes y servicios tecnológicos producidos por el proyecto.
Flexibilización cambiaria, aportes laborales y estabilidad jurídica por treinta años
Las condiciones macroeconómicas del Súper RIGI contemplan una ventana de libre disponibilidad progresiva de las divisas obtenidas mediante operaciones de exportación. Las firmas bajo el régimen de VPU estarán eximidas de liquidar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) el 20% de sus ingresos al cabo del primer año de adhesión, un 40% durante el segundo ciclo anual y alcanzarán el 100% de libre disponibilidad hacia el tercer año de operaciones consolidadas. En simultáneo, se suprime cualquier tipo de obligación de liquidar divisas que ingresen al territorio nacional bajo los conceptos de aportes de capital fresco o líneas de financiamiento externo de entidades bancarias.
Con respecto al mercado de trabajo, las empresas promovidas accederán a una alícuota unificada del 10% para el pago de las contribuciones patronales, beneficio que aplicará con exclusividad sobre las nuevas relaciones laborales que se registren a partir de la vigencia del proyecto. Para dotar de previsibilidad a las inversiones de alto riesgo, el Estado Nacional garantizará una cláusula de estabilidad normativa por un término de 30 años sobre la totalidad de los incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros, blindando a los proyectos frente a eventuales reformas legislativas que impongan cargas más gravosas en el futuro.
Finalmente, el texto normativo incorpora un mecanismo de resguardo institucional que habilita el acceso directo al arbitraje internacional ante tribunales como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) ante litigios o disputas con el Estado argentino, reconociendo los activos del proyecto como inversiones protegidas por tratados internacionales. El plazo general dispuesto por el Ministerio de Economía para solicitar la adhesión formal al régimen será de cinco años contados desde su promulgación, reservándose el Poder Ejecutivo la facultad de otorgar un año adicional de prórroga.