La comunidad académica argentina vuelve a ganar las calles este 12 de mayo en lo que promete ser una jornada histórica
Rectores de todo el país convocaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria para denunciar un ahogo financiero que ya se traduce en aulas superpobladas, edificios a medio terminar y una fuga de cerebros sin precedentes. Bajo la consigna de defender la ley de financiamiento, la movilización tendrá su epicentro en Plaza de Mayo, reflejando el malestar de un sector que asegura haber perdido casi un tercio de su poder adquisitivo en apenas dos años.
Números rojos: una caída presupuestaria del 45%
Un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) encendió las alarmas al revelar que las transferencias del Gobierno nacional registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Esta reducción de recursos golpea directamente el corazón del sistema: los salarios. Mientras que la inflación en este período trepó al 280%, los sueldos del sector apenas se incrementaron un 158%, lo que representa una pérdida de bolsillo superior al 32%.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, la rectora Beatriz Gentile calificó el ajuste como «brutal» y aportó datos estremecedores: solo en su institución, 275 docentes y no docentes renunciaron durante 2025 al no poder cubrir sus necesidades básicas. «Se van porque las condiciones materiales son insoportables para vivir», sentenció, advirtiendo además sobre la paralización de proyectos de investigación científica.
El drama de la infraestructura y las becas congeladas
El deterioro no es solo salarial, sino también físico. Las universidades denuncian la proliferación de «elefantes blancos»: edificios con un 70% de avance que fueron abandonados por el Estado nacional. En la Universidad Nacional de Moreno, el rector Alejandro Robba graficó la asfixia con los costos fijos: la factura de luz saltó de 3 millones a 24 millones de pesos, mientras que los giros oficiales no acompañaron ese ritmo, obligando a declarar la emergencia por tercer año consecutivo.
La situación de los alumnos es igual de crítica. Las becas Progresar, un sostén fundamental para la permanencia estudiantil, se encuentran congeladas en 28.000 pesos, una cifra que hoy no alcanza para cubrir los viáticos mínimos y apuntes. En la Universidad de General Sarmiento, su vicerrector Germán Pinazo alertó que el poder adquisitivo de estas ayudas estudiantiles hoy representa apenas el 4% de lo que valían a principios de 2023.
Defensa de la educación pública y la soberanía
Frente a comisiones superpobladas y el vaciamiento de los programas de extensión, las autoridades universitarias coinciden en que el sistema se encuentra en un punto de quiebre. El reclamo de este 12 de mayo no busca solo una mejora salarial, sino la supervivencia de un modelo de movilidad social ascendente que hoy se ve amenazado por la ejecución cero en obras de infraestructura y el desfinanciamiento científico.
«Defender la universidad pública es defender la soberanía científica de la Nación», concluyó Robba, resumiendo el espíritu de una marcha que busca torcer el brazo de un presupuesto que, según denuncian, ha dejado de considerar a la educación superior como una prioridad de Estado.