En una resolución de fuerte impacto institucional y judicial, la Cámara Federal de Casación Penal desestimó de forma unánime los recursos extraordinarios presentados por los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner
Con este fallo de última instancia, los magistrados dejaron firme la ejecución de la medida accesoria que determina la quita y transferencia al patrimonio público de una vasta cartera de activos que pertenecen a la ex jefa de Estado, en el marco de la condena penal dictada en su contra por la causa Vialidad.
La decisión de la máxima instancia penal ordinaria del país frena las intenciones de la defensa de llevar la discusión por las medidas cautelares y patrimoniales ante el máximo tribunal de la Nación. De este modo, la estructura tribunalicia queda habilitada de manera formal para avanzar de forma efectiva con las gestiones administrativas tendientes al recupero de activos derivados de la matriz delictiva investigada.
Bloqueo de recursos y freno al escalonamiento judicial
Los jueces que componen el tribunal revisor decidieron clausurar la vía del recurso extraordinario federal, una herramienta con la que la defensa de la ex mandataria buscaba suspender los efectos del decomiso económico y forzar una revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al considerarse inadmisibles los planteos de los letrados, el tribunal evitó que el expediente patrimonial escalara hacia la máxima estructura judicial, acelerando los plazos de ejecución en las instancias inferiores.
Esta resolución consolida la firmeza del dictamen previo que obliga a la restitución de los fondos públicos que, de acuerdo con la sentencia del juicio oral, formaron parte del esquema de defraudación a la administración pública mediante el direccionamiento de la obra vial en la provincia de Santa Cruz. Al no haber vías ordinarias de apelación vigentes sobre este punto específico, los juzgados de origen recuperan la plena competencia para coordinar la tasación y el traspaso legal de las titularidades.
Un inventario de más de cien propiedades familiares y corporativas
El alcance del desapoderamiento ordenado por la Justicia comprende un exhaustivo inventario que supera el centenar de activos registrados a nombre del entorno cercano de la ex presidenta. En total, el procedimiento estatal avanzará sobre un paquete conformado por 111 bienes y propiedades inmobiliarias que corresponden tanto al patrimonio de la ex mandataria nacional como al de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
El alcance de las medidas de confiscación dictadas por la Cámara Federal no se agota en el núcleo familiar de la ex vicepresidenta. El listado oficial de activos que deberán ser devueltos al Estado Nacional incluye de igual forma los bienes y estructuras comerciales pertenecientes al empresario santacruceño Lázaro Báez, principal beneficiario de las licitaciones viales bajo la lupa judicial, unificando el recupero de las propiedades que fueron consideradas por los magistrados como producto del beneficio económico derivado del ilícito.