El tribunal penal ordenó que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema realice una pericia clave en el Caso Ángel para resolver dudas sobre la autopsia.
La causa que investiga el fallecimiento del menor Ángel López en Comodoro Rivadavia sumó un capítulo determinante en el plano judicial. Un tribunal revisor, integrado por los jueces penales Raquel Tassello y Martín Cosmaro, hizo lugar a un recurso planteado por las defensas y ordenó la intervención urgente del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para realizar un nuevo estudio pericial que esclarezca con precisión científica las causas del deceso.
Intervención del máximo tribunal forense de la Nación
La resolución dispuesta por los magistrados revoca una medida previa del juez de garantías Alejandro Soñis y apunta a dirimir de manera concluyente las marcadas discrepancias técnicas existentes en el expediente. Actualmente, los informes emitidos por el Cuerpo Interdisciplinario Forense de la provincia del Chubut y las conclusiones presentadas por el médico legista de parte, Federico Segura, exhiben diagnósticos divergentes sobre aspectos medulares de la autopsia.
Los peritos de la Corte Suprema deberán expedirse puntualmente sobre dos ejes que guiarán el futuro procesal de la causa:
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Entidad de las lesiones: Determinar si los traumatismos hallados en la zona interna del cuero cabelludo del niño poseían la gravedad e idoneidad clínica suficiente para desencadenar el paro cardiorrespiratorio y la muerte.
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Ventana temporal: Establecer si técnicamente corresponde convalidar el límite cronológico inferior a 12 horas que fijó el estudio histopatológico respecto del momento en que se produjeron dichas lesiones.
Para la ejecución de la medida, el tribunal dispuso librar un oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto con el requerimiento formal, se remitirán copias certificadas de la totalidad de la historia clínica de Ángel López, las pericias histopatológicas, los dictámenes del doctor Segura y los tres informes forenses complementarios elaborados en Chubut entre abril y junio de 2026.
Ampliación de la acusación y cambio en la estrategia fiscal
La orden de pericia nacional se dictó en una semana clave, poco después de que los fiscales de la causa, Cristian Olazábal y Facundo Oribones, junto a profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), solicitaran formalmente una ampliación del objeto de la investigación. El Ministerio Público Fiscal sostiene que los nuevos elementos probatorios recolectados permiten acreditar un escenario sostenido de violencia infantil intrafamiliar.
Según la hipótesis reconstruida por los investigadores, el deceso del menor se produjo por un cuadro de bronquiolitis y bronconeumonía que actuó en concomitancia con un severo traumatismo de cráneo. La Fiscalía argumenta que los acusados propinaron múltiples golpes al niño y aplicaron castigos físicos drásticos, tales como baños forzados con agua fría, lo que aceleró el deterioro de su salud general.
A raíz de este análisis, la fiscalía modificó la atribución de responsabilidades, pasando de una coautoría funcional a un esquema de dos autorías paralelas. La calificación legal provisoria se fijó como homicidio simple para el imputado González. En el caso de la imputada Altamirano, se sostuvo el cargo de homicidio agravado por el vínculo, aunque modificado bajo la modalidad de comisión directa, señalando que ambos conocían la gravedad de la patología respiratoria del niño y le denegaron de forma deliberada el acceso a la atención médica hospitalaria.
Posiciones de las defensas y la querella
El desarrollo del debate penal expone marcadas diferencias entre los actores técnicos del proceso. El abogado querellante, Roberto Castillo, participó de las deliberaciones mediante videoconferencia y ratificó su tesitura independiente de la fiscalía, sosteniendo que las evidencias demuestran de forma palmaria una sucesión de tormentos físicos reiterados contra la víctima.
Por el sector de las defensas, el panorama técnico quedó dividido ante el juez Soñis. Alejandro Varas, representante legal de González, exigió que se congelara cualquier reformulación de cargos hasta que se incorpore un informe de autopsia final y definitivo, objetando la premura de las imputaciones.
En tanto, Vanesa Vera, defensora oficial de Altamirano, no se opuso formalmente a la ampliación de los hechos de la plataforma fáctica, pero definió a los informes médicos provinciales actuales como «contradictorios y dubitativos», fundamentando la necesidad técnica de recurrir a la consulta de los especialistas de la Corte Suprema nacional para dotar de transparencia al veredicto final.