El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, lanzó una dura crítica hacia el Poder Judicial al asegurar que existe una percepción negativa de la ciudadanía respecto de su desempeño.
En consonancia con los reclamos que viene sosteniendo el gobernador Nacho Torres, el funcionario provincial exigió un compromiso real y una mayor participación de los magistrados en los asuntos de seguridad pública.
Al evaluar las trabas regulatorias y los criterios de los tribunales, el ministro afirmó que «la ciudadanía tiene una visión muy crítica del accionar de la Justicia», haciendo especial hincapié en las dificultades que encuentran las investigaciones policiales para avanzar hacia condenas firmes.
Tensión por los criterios de las pruebas judiciales
Iturrioz ejemplificó el desfasaje de criterios que existe entre las fuerzas de seguridad y los encargados de dictar sentencias o autorizar procedimientos.
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Diferencia de criterios: El funcionario señaló que en determinados casos la policía reúne elementos probatorios que, a criterio de los investigadores, resultan suficientes para profundizar las actuaciones.
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Trabas en los expedientes: Sin embargo, remarcó que desde la propia Justicia esos materiales suelen ser considerados insuficientes, lo que frena el avance de las causas contra la delincuencia.
Pese al duro panorama actual, el titular de la cartera penal manifestó sus expectativas de cara al futuro del sistema: «Tengo confianza que las actuaciones judiciales en algún momento van a cambiar».
El reclamo de un abordaje integral del Estado
El eje central del reclamo del ministro apuntó a la falta de implicancia de diversos actores del ámbito judicial frente a la ola de inseguridad que preocupa a los vecinos. En ese sentido, fue tajante: «Muchos funcionarios judiciales dicen que la seguridad no es un problema de ellos, están muy equivocados».
Finalmente, Iturrioz remarcó que combatir el delito requiere de manera urgente un abordaje integral, coordinado y sin fisuras entre todos los poderes del Estado. El objetivo principal, concluyó, debe ser brindar respuestas concretas y efectivas a las demandas de protección de la sociedad chubutense.