Una protesta de cooperativistas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) —organización social referenciada en Juan Grabois— derivó este viernes en serios incidentes en el Palacio Municipal de La Plata.
La Policía Bonaerense aprehendió a una veintena de manifestantes luego de que la movilización, convocada originalmente contra el cese de contratos de mantenimiento, escalara con destrozos edilicios. Tras los disturbios, el gobierno local radicó una denuncia penal, presentándose como particular damnificado.

Las versiones sobre el origen del conflicto exponen visiones contrapuestas. Mientras las organizaciones reclaman por la pérdida de fuentes de trabajo, la gestión comunal fundamenta la interrupción del esquema de contratación directa en base a normativas explícitas del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
Versión de las agrupaciones sociales y denuncias de represión
Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), bloque que integra al MTE, denunciaron que el accionar de las fuerzas de seguridad consistió en una «cacería» injustificada que comenzó cuando las columnas ya se encontraban desconcentrando. En paralelo, exigieron la liberación de los detenidos con una convocatoria en la Comisaría 1ra de La Plata.
A través de un comunicado oficial, los referentes gremiales fijaron su postura sobre la situación laboral:
«Hacemos responsable al intendente Julio Alak por las detenciones arbitrarias».
Asimismo, desde el FOL enfatizaron el rol histórico de los trabajadores en la periferia platense:
«Cabe recordar que estas cooperativas sostienen desde hace dos décadas el mantenimiento de barrios, zanjeo, reciclado entre tantas tareas, cobrando salarios precarizantes y ahora deben tener que lidiar con la incertidumbre de quedarse sin la fuente laboral y con la criminalización que impulsa la Municipalidad».
La posición del municipio: licitación pública y daños materiales
Por su parte, la Intendencia platense desmintió que la movilización se haya desarrollado pacíficamente. De acuerdo con el reporte oficial, las pedradas rompieron las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante. En ese momento, se realizaba un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con más de 300 asistentes que debieron retrasar su salida por seguridad. Un vecino resultó herido por una piedra y seis efectivos policiales sufrieron lesiones.
En términos administrativos, el municipio detalló que el MTE pretendía sostener un acuerdo de 90 millones de pesos mensuales que funcionaba de manera directa desde 2011, algo inviable bajo las regulaciones actuales del Tribunal de Cuentas bonaerense. Las autoridades remarcaron que el 10 y 11 de junio se llamó a licitación pública en el Boletín Oficial para cubrir los servicios de barrido, limpieza y corte de pasto.
«Todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que no aceptó participar del procedimiento de licitación pública y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal», cuestionó el Ejecutivo local.
Desde la intendencia de Julio Alak aclararon que insistir con el viejo modelo de asignación de fondos habría implicado infringir la Ley Orgánica de las Municipalidades, exponiéndose a sanciones graves:
«Si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público».
El conflicto quedó ahora judicializado bajo las figuras de daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad. Desde la comuna concluyeron con una firme advertencia institucional:
«El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos».
