El mercado del crédito digital en la Argentina se convirtió en una trampa masiva que detonó una crisis de proporciones sistémicas.
En medio de un escenario económico asfixiante, el Congreso de la Nación se transformó en el escenario de una batalla legislativa de urgencia. Bloques opositores presentaron una batería de proyectos de ley para frenar de golpe el feroz endeudamiento express que carcome los ingresos familiares, exponiendo las maniobras de las Fintech que hunden a los sectores más vulnerables en un bucle eterno.
Cifras del espanto: tasas de hasta 700% y morosidad descontrolada
La magnitud de la crisis crediticia encendió las alarmas de los principales analistas. Actualmente existen más de seis millones de ciudadanos que registran atrasos de 90 días o más en sus pagos con plataformas digitales. La debacle se fundamenta en los reportes oficiales: el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de mayo de 2026 expuso que la mora familiar en el sistema bancario trepó al 12,8%, pero el verdadero colapso ocurre en el sector no bancario. Datos de EcoGo a mayo de 2026 determinaron que la irregularidad en proveedores no financieros rozó el 28,7%, impulsada por el rojo en préstamos personales (34,1%) y tarjetas de crédito (19,4%).
El diputado nacional de Provincias Unidas, Pablo Juliano, plantó bandera con una iniciativa drástica para combatir el «crédito impulsivo» a un solo clic y prohibir las tácticas de hostigamiento. El legislador de origen radical denunció que cada vez que se abre el celular aparecen alertas bombardeando con créditos preaprobados engañosos que ocultan el costo financiero real. “Los intereses oscilan entre el 100% y el 700%. Además, le ofrecen crédito a la misma persona endeudada para pagar el crédito tomado con anterioridad, generando una situación infinita”, alertó Juliano, advirtiendo que el sobreendeudamiento ya dejó de ser un problema entre privados para volverse un peligro sistémico que destruirá el consumo y el empleo.
Juicios de rehabilitación y el fin de los débitos en la AUH
El proyecto de Juliano introduce herramientas revolucionarias como la «rehabilitación financiera judicial» para reestructurar deudas según ingresos reales y un «mecanismo de segunda oportunidad» para extinguir saldos remanentes a deudores de buena fe. Asimismo, busca prohibir los denominados «dark patterns» (patrones oscuros) y la gamificación, que son interfaces digitales diseñadas deliberadamente para empujar a los usuarios a tomar financiamiento exprés sin medir consecuencias, exigiendo además auditorías transparentes con revisión humana sobre los algoritmos de las Fintech.
Por otra parte, una coalición de 27 legisladores del peronismo federal, liderada por Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria, presentó una propuesta enfocada en blindar a los beneficiarios de planes sociales de la ANSES. La iniciativa denuncia la paradoja de que los algoritmos castigan la informalidad laboral convirtiendo la vulnerabilidad social en una variable que encarece el crédito. Para frenar esto, el proyecto establece que el tope de la tasa de interés compensatorio sea el promedio para préstamos personales que publica el BCRA, prohibiendo eludir este límite con seguros o comisiones. De forma crucial, la ley prohíbe terminantemente que fondos alimentarios esenciales como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 días sufran débitos automáticos o cobros recurrentes para cancelar préstamos, obligando a que cualquier pago sea voluntario y expreso.