Una jornada de extrema tensión, reproches cruzados y parálisis legislativa total se vivió este jueves en la Cámara alta del Congreso de la Nación.
En un escenario político al rojo vivo, el oficialismo recurrió a una drástica maniobra de bloqueo en pleno recinto para evitar que el jefe de Gabinete fuera sometido a un feroz examen público por las acusaciones en su contra. La jugada estratégica desnudó la profunda grieta que fractura al Parlamento y dejó congelados proyectos clave para el rumbo económico del país, encendiendo las alarmas de la oposición dialoguista que observa con preocupación cómo la agenda institucional queda rehén de las urgencias judiciales del Poder Ejecutivo.
La parálisis de la actividad parlamentaria generó un tendal de recriminaciones políticas. Se constató de forma fehaciente cómo La Libertad Avanza hizo caer la sesión del Senado al no dar quórum: Adorni gana tiempo precioso de cara a las investigaciones que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, gracias a una estricta orden de desacato corporal impartida a las bancadas aliadas.
La orden de Patricia Bullrich en el recinto y la furia contra el PJ
La drástica determinación de vaciar el recinto fue ejecutada en tiempo real por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich. Al constatar que el interbloque peronista no se sentaría en sus bancas, Bullrich ordenó de forma taxativa a los legisladores libertarios, radicales y de bloques provinciales afines mantenerse parados para impedir que se alcanzara el número mínimo de 37 senadores necesarios para iniciar el plenario. «Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Tendrían que haber garantizado el número pero no se sentaron. ¿Por qué vamos a darlo nosotros y someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen horas?», disparó furiosa la legisladora, acusando a la oposición de querer socavar al Gobierno de Javier Milei.
A pesar de que el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala, levantó formalmente la sesión ante el fracaso del quórum, el oficialismo debió ceder ante la presión de los bloques dialoguistas. Para descomprimir la crisis, se acordó abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo miércoles a las 15:00 horas, espacio donde se verán obligados a tratar formalmente los pedidos de interpelación y la moción de censura contra el cuestionado ministro coordinador. Cabe destacar que los únicos legisladores que sí se sentaron a cumplir con la sesión fueron los macristas Martín Goerling Lara y María Cristina Huala (PRO), junto a la peronista Carolina Moisés (Convicción Federal), ganándose el duro reproche del PRO hacia LLA y el kirchnerismo por paralizar las explicaciones que el país merece.
Entrega de soberanía y pliegos de jueces amigos: La trampa que denunció Mayans
El interbloque peronista, conducido con mano de hierro por el formoseño José Mayans, ratificó que el faltazo masivo al recinto fue una respuesta directa a las trampas reglamentarias orquestadas por Bullrich el pasado martes. El PJ rechazó de plano la exigencia oficialista de requerir una mayoría calificada de dos tercios para habilitar sobre tablas la interpelación de Adorni, sosteniendo que al tratarse de un artículo constitucional puramente operativo alcanzaba con una mayoría absoluta. «Es una vergüenza defender una interpretación tan retorcida de la Constitución para salvar a Adorni. Al menos 44 senadores rechazamos hoy ese criterio de los dos tercios», fustigó Mayans.
Asimismo, el peronismo bloqueó la sesión para frenar en seco el polémico proyecto de Propiedad Privada, una ley de inviolabilidad de tierras fuertemente cuestionada por la oposición al eliminar por completo los límites legales para que ciudadanos y corporaciones extranjeras adquieran extensiones del territorio nacional, lo que Mayans calificó abiertamente como «una entrega de la soberanía nacional». Con la caída estrepitosa de la jornada, La Libertad Avanza ve frustrada su propia agenda parlamentaria y posterga además la designación de siete pliegos judiciales clave, entre los que destaca el del polémico camarista Víctor Pesino, magistrado que validó la intervención de la UOM y rechazó la medida cautelar contra la reforma laboral del Ejecutivo.