Una feroz batalla judicial se desató en los tribunales de la provincia en torno a la horrorosa muerte del menor Ángel López.
La defensa de los imputados activó una audaz estrategia de desgaste para sacarle el expediente a los peritos locales, buscando empantanar la recolección de pruebas clave. Sin embargo, en un movimiento relámpago, la Justicia chubutense le cerró la puerta a lo que consideraron un intento descarado de dilatar el proceso, blindando los escalofriantes hallazgos de la autopsia que complican de forma directa y definitiva a los principales sospechosos del crimen.
La maniobra técnica intentaba sacar el legajo de la jurisdicción provincial, un artilugio que habría congelado el avance de la causa por casi un año. De esta forma, quedó al descubierto que intentan evitar que se dilate la causa por la muerte de Ángel López a través de un rechazo tajante del Ministerio Público Fiscal a delegar las pericias científicas al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Buenos Aires.
Según los registros procesales a los que accedió la prensa, enviar las muestras al máximo tribunal del país habría acarreado un tapón burocrático de por lo menos diez meses de espera extra. El fiscal del caso, Facundo Oribones, sepultó el reclamo argumentando que las supuestas contradicciones médicas no existen y que cualquier duda debe debatirse cara a cara en el estrado del juicio oral.
La trampa de los electrodos y el informe unánime que describe golpes internos
La fuerte controversia gira en torno a las infiltraciones hemáticas (acumulaciones de sangre) detectadas en el cuero cabelludo de la pequeña víctima. Las abogadas defensoras, las doctoras Vera y Varas, intentaron sembrar impunidad instalando una insólita teoría: afirmaron que esas marcas de sangre pudieron ser causadas accidentalmente por los sensores metálicos de un electroencefalograma durante los días en que el menor estuvo internado en el hospital. Con esta hipótesis, las letradas pretendían desvincular el daño físico de la brutal golpiza que investiga la policía criminal.
Sin embargo, los acusadores cuentan con un escudo científico indestructible. La Junta Médica del Superior Tribunal de Justicia de Chubut —integrada de forma unánime por las doctoras Bébolo, Dalí y el doctor Marimán— firmó un reporte taxativo que desmorona la coartada de la defensa. Las pericias forenses locales determinaron que las lesiones en la cabeza de Ángel no corresponden bajo ningún punto de vista a los elementos de succión hospitalarios, equiparando la presión en la piel con el daño mecánico que ejerce un material áspero como el velcro. El fiscal Oribones aclaró a los medios que, pese al complejo vocabulario médico de las fojas, las heridas son clínicamente incompatibles con las maniobras de asistencia médica y se corresponden directamente con severos traumatismos y golpes internos contundentes aplicados contra el cuerpo de la víctima.
Vecinos y docentes al estrado: el camino hacia el juicio final
La fiscalía ratificó que mantiene intacta la hipótesis incriminatoria contra los ciudadanos Mariela Altamirano y Michel González como presuntos autores materiales de la agresión física deliberada. El daño óseo en la zona del cráneo no deja margen de duda para los investigadores, quienes descartan de plano que el personal de enfermería o los médicos hayan interferido negativamente en el desenlace fatal. Para consolidar el pedido de elevación a juicio de la causa penal, las oficinas judiciales agendaron para las próximas semanas una ronda de declaraciones testimoniales de las dotaciones de docentes que asistían al menor en su vida cotidiana, además de citar a vecinos del barrio y al personal sanitario de turno. De esta manera, el arco judicial busca blindar un fallo ejemplar este invierno de 2026, impidiendo que el peso de la burocracia diluya el reclamo de justicia.