El Gobierno analiza enviar al Congreso la desregulación marítima tras el conflicto portuario.
Luego del fuerte conflicto gremial que paralizó la actividad en los puertos del país, la administración nacional evalúa trasladar al ámbito legislativo parte de la agenda de desregulación marítima. Aunque en la Casa Rosada reconocen que la suspensión del decreto 690 representó un retroceso táctico frente a su planteo inicial, ratifican que el diagnóstico sobre los elevados costos logísticos y la necesidad de introducir mayor competencia en el sector sigue intacto.
Cabotaje y practicaje bajo la lupa parlamentaria
La definición más firme del Poder Ejecutivo se concentra en el régimen de cabotaje, que regula el transporte de mercaderías y pasajeros entre puertos del territorio nacional. En Balcarce 50 admiten que analizan incorporar los cambios a través de un proyecto de ley, al considerarlo un eje estratégico para el comercio exterior y la economía interna. El borrador original contempla habilitar, bajo ciertas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera y modificar normativas sobre tripulación y Marina Mercante.
En cuanto al practicaje —el servicio técnico de asistencia a los buques en canales y puertos—, la vía legislativa no está descartada, pero se tratará de una instancia posterior. Antes de enviar un proyecto al Congreso, el Gobierno apostará al diálogo en la mesa de trabajo creada tras la suspensión del decreto, un espacio coordinado por el Ministerio de Seguridad con la participación de la Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y referentes sectoriales como John Ryan, titular de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje.
El trasfondo de la disputa y la nueva estrategia oficial
El conflicto que motivó la tregua y la apertura de esta mesa de diálogo se desató luego de que el decreto suspendido eliminara los límites en la inscripción de prácticos, habilitara la contratación directa y facultara al Estado a intervenir con personal de Prefectura o de la Armada ante medidas de fuerza, una serie de puntos que provocaron el freno de más de un centenar de buques y afectaron exportaciones y envíos de combustibles.
Con esta nueva etapa, la Casa Rosada busca descomprimir la tensión y fragmentar la discusión marítima. Mientras el cabotaje encamina su debate hacia el terreno legislativo, el futuro del régimen de prácticos dependerá de los consensos que logren tejerse en el ámbito de negociación conjunta, priorizando la operatividad de los puertos sin resignar el objetivo oficial de reducir los costos logísticos en el país.