La administración nacional concluyó el proceso de transferencia al sector privado de la principal ruta de comercio marítimo del país.
«La empresa belga Jan De Nul ganó la licitación junto a Servimagnus. La concesión incluye tareas de dragado, señalización y mantenimiento de la vía por la que sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas».
El consorcio binacional seleccionado se hará cargo de la infraestructura clave tras la resolución del concurso público de proyectos. «El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que operará la principal vía de transporte fluvial del país durante los próximos 25 años».
La disposición se oficializó a través de los canales regulatorios del sector portuario nacional para modernizar los tramos fluviales. «La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la resolución que puso fin al proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal».
Los alcances operativos de la adjudicación impactan de manera directa sobre los nodos productivos que conectan con el exterior. «La concesión comprende las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial que conecta gran parte de la producción argentina con los mercados internacionales y por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones nacionales».
Proyecciones financieras y metas de tráfico internacional
Las estimaciones de la firma adjudicataria prevén una fuerte corriente de ingresos y facturación comercial a lo largo del periodo contractual. «Según la documentación presentada por el adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un volumen de ingresos estimado en US$15.707 millones a lo largo de toda la concesión».
Las variables técnicas evaluadas también anticipan una intensificación de la actividad naviera en los diferentes tramos de la ruta. «Las proyecciones también contemplan un crecimiento del tráfico de embarcaciones durante los próximos 25 años. De acuerdo con la oferta, el movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques al norte de Santa Fe un 52,4%».
En los despachos oficiales se remarcó que los nuevos fondos privados se destinarán a obras de calado y sistemas de monitoreo técnico. «Desde el Gobierno destacaron que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, permitirá poner en marcha una nueva etapa de inversiones sobre la vía navegable. Entre las obras previstas figuran trabajos de profundización del canal, mejoras operativas e incorporación de tecnología destinada a fortalecer la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico».
Impacto en la competitividad y reducción de costos
Las autoridades del área económica estiman que las reformas estructurales impactarán positivamente en los márgenes de rentabilidad de los exportadores. «El Ministerio de Economía sostuvo además que la nueva concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas».
El cronograma de obras estipula una fuerte concentración de capitales en el inicio del contrato para asegurar la sustentabilidad del proyecto. «Según la evaluación oficial, las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, mientras que la recuperación económica del proyecto comenzaría en la segunda etapa del contrato».
Por su parte, el trámite administrativo se completó bajo un clima de consenso corporativo y sin impugnaciones legales de los competidores. «El organismo también destacó que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes. En ese sentido, señaló que la adjudicación contó con el respaldo de distintos actores vinculados a la actividad, entre ellos cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región».
Condiciones contractuales y rol regulador del Estado
El pliego de bases obliga al consorcio a estructurar firmas específicas y respaldar la operación con millonarias garantías financieras. «Como parte de las condiciones establecidas en el pliego, el adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico, presentar garantías por US$40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato y otra garantía especial por US$35 millones antes de la firma definitiva».
El modelo económico adoptado traslada la totalidad del riesgo comercial a las empresas, desligando al erario público de erogaciones. «La concesión funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales».
Para concluir, el oficialismo encuadró el resultado de la licitación como un hito dentro de su agenda de reformas de la infraestructura nacional. «Desde el Gobierno definieron la adjudicación como el cierre del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal y sostuvieron que la medida marca el inicio de una etapa basada en la inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones de regulación y control sobre la infraestructura estratégica».