En una de las semanas más calientes y decisivas para el armado político del Poder Ejecutivo, el oficialismo se prepara para patear el tablero legislativo con una agresiva contraofensiva parlamentaria.
Tras confirmarse la ruidosa salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya lenta agonía política por escándalos patrimoniales había congelado los puentes de diálogo con los bloques aliados y paralizado proyectos cruciales, la cúpula de La Libertad Avanza dio la orden de avanzar a paso firme. Con el objetivo de resetear los cortocircuitos institucionales y recuperar la confianza de los sectores dialoguistas, la Cámara baja activará un paquete de reformas estructurales de fuerte impacto social.
La reconfiguración del esquema oficialista busca sepultar de forma inmediata los meses de erosión política en ambas cámaras. El oficialismo busca dejar atrás los ruidos internos debido a que Tras el “Game Over” para Adorni, el oficialismo relanza su agenda en Diputados para acelerar de forma drástica el tratamiento de leyes de seguridad y desregulación económica.
Ofensiva contra los barrabravas y el duro freno a la polémica «Ley de Lobby»
El primer gran movimiento de la Cámara de Diputados, comandada por Martín Menem, tendrá lugar este miércoles al mediodía en el seno de la comisión de Legislación Penal. Allí se debatirá el régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, popularmente bautizado como la «ley anti barrabravas». Esta reactivación de la agenda se produce inmediatamente después de que el Gobierno lograra destrabar la aprobación del Súper RIGI y sellara un pacto clave con dos fondos buitre. Asimismo, los legisladores se mantienen a la expectativa de lo que ocurra en el Senado con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que se cayó la semana pasada en medio del asedio opositor contra la figura de Adorni.
Por el contrario, el proyecto que quedó completamente congelado en el tintero es la pomposa ley de «lobby» o gestión de intereses. La normativa se desinfló estrepitosamente debido a la feroz resistencia de diversas cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil. Incluso, encumbrados diputados de La Libertad Avanza confesaron sottovoce su absoluto descreimiento sobre el futuro de la norma, asegurando que no prosperará a menos que se reescriban de raíz sus capítulos más controvertidos. En una situación similar de parálisis se encuentra la ley de adhesión al tratado internacional de patentes; un compromiso directo asumido por el país en sus negociaciones con los Estados Unidos que hoy permanece atascado en Cancillería por la necesidad de pulir severamente su redacción.
El paquete Sturzenegger y la ambiciosa reforma electoral para 2027
La hoja de ruta trazada por la Casa Rosada incluye un fuerte desembarco de las medidas diseñadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. Entre los proyectos que están en gateras se destaca la habilitación para exhibir y comercializar medicamentos de venta libre directamente en las góndolas de supermercados, kioscos y comercios de cercanía. A esto se suma una profunda modificación de la Ley 19.492 de cabotaje nacional, que busca autorizar de forma permanente que buques comerciales con bandera extranjera operen libremente en las rutas fluviales internas de la Argentina, y la flexibilización de los corredores inmobiliarios, eliminando la matrícula profesional para permitir que cualquier ciudadano intermedie en operaciones inmobiliarias sin título habilitante.
Finalmente, la apuesta máxima del Ejecutivo de cara al escenario post-Mundial apunta a una reforma política y electoral total para modificar las reglas de juego de los comicios del año que viene. El plan oficial se completará en los próximos meses con la revisión y reforma de las leyes vigentes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, junto con la redacción de una nueva e impactante Ley de Salud Mental, orientada específicamente a otorgarles a los profesionales de la psiquiatría una mayor libertad legal y autonomía científica a la hora de dictaminar internaciones involuntarias de pacientes en situación de riesgo.