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La Cámara de Diputados buscará aprobar esta semana un proyecto consensuado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para postergar por un mes las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y las elecciones generales debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, en el marco de la renovación legislativa de medio término.

La intención de la bancada del oficialismo, que conduce Máximo Kirchner, es convocar para este miércoles a una sesión especial, en la que además se buscará convertir en ley el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales, informaron fuentes parlamentarias.

También está previsto debatir una iniciativa sobre el impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30 por ciento al 25 por ciento la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y aumenta al 35 por ciento la tasa para los grandes compañías, con la intención de instrumentar un sistema progresivo.

Será la primera deliberación luego que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordara con los bloques parlamentarios la renovación del protocolo de funcionamiento hasta el 23 de junio, lo que permitirá emitir dictamen y llevar a cabo la sesiones a través de una modalidad mixta-presencial, y remota para los grupos de riesgo.

El tema clave de la sesión será la postergación de las PASO del 8 de agosto hasta el 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, un aplazamiento que en caso de aprobarse implicará que los nuevos legisladores electos estarán definidos a mediados de noviembre.

El recambio legislativo debe concretarse el 10 de diciembre.

Mientras el Congreso se apresta a modificar las fechas del llamado a las urnas, el Ejecutivo ya puso en marcha el calendario electoral, a través de un decreto, con el cronograma previsto inicialmente.

Sin embargo, en la Casa Rosada aguardan la sanción de la ley para correr los plazos que ya están rigiendo y amoldarlos a la norma que se apruebe en el Parlamento.

El proyecto para postergar un mes las PASO y las generales fue gestado a partir de un acuerdo general del oficialismo, en el que trabajaron varios funcionarios y referentes legislativos del Frente de Todos con la conducción de Juntos por el Cambio, que en Diputados encabeza el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba).

Una de las condiciones que hizo posible el consenso entre las partes fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

Qué dice el proyecto

En su artículo 6, el proyecto fija que «la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional».

Ese acuerdo pudo observarse el jueves pasado en la última reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se emitió un dictamen que fue firmado por la mayoría de los partidos políticos.

En esa ocasión, el titular de la comisión, el diputado Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos-La Pampa), destacó «el consenso y el diálogo profundo al que se arribó, luego de algunas idas y vueltas, y del que surge este proyecto con un cariz de racionalidad en el marco de esta pandemia».

Y en el mismo sentido agregó: «Existe una gran responsabilidad al poner en tratamiento este proyecto, que es producto del fruto y del consenso de todas las fuerzas de la cámara: por eso, por esta única vez, y sólo en este contexto de pandemia, se trasladarán las fechas de las PASO y de las generales».

En representación del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Gustavo Menna (UCR-Chubut) expresó: «Coincidimos en el proyecto, pero lamentamos que no se haya avanzado con la boleta única de papel, para mantener este sistema arcaico y perimido».

En sus fundamentos, el proyecto que posterga por un mes el cronograma electoral plantea que «el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios».

La iniciativa también hace referencia a que «durante ese lapso de tiempo adicional se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las veinticuatro jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico».

Sobre las potestades y mayorías legislativas que se requieren para hacer cambios en el calendario de elecciones, el proyecto que se tratará esta semana recuerda que en base al artículo 77 de la Constitución «es potestad exclusiva del Poder Legislativo decidir las modificaciones que se realicen al régimen electoral y de partidos políticos» y asimismo subraya que los eventuales cambios deben ser aprobados «por mayoría absoluta total de los miembros de ambas Cámaras del Congreso».

La diputada de la UCR, que se abstuvo de votar en la comisión y en la sesión donde se rechazó la Iniciativa Popular, remarcó que el bloque “es garante del rechazo al proyecto de Zonificación” pero el jueves pasado “no estaba en tratamiento”. Agregó que el PJ “no pidió otro tratamiento como si lo hizo la UCR”.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada provincial María Andrea Aguilera se refirió al rechazo que hizo la Legislatura del proyecto presentado por Iniciativa Popular y acusó al PJ de no proponer otro tratamiento. Afirmó así que la UCR había solicitado una serie de convocatorias para discutir el proyecto.

En este sentido, remarcó que “el Bloque la de UCR es garante del rechazo al Proyecto Minero del Gobierno (128/20)”, añadiendo que “nuestra postura respecto de la minería es estrictamente apegada al mandato de la Convención Radical, que rechaza esta actividad y protege nuestro ambiente”.

Sostenemos que la vigente Ley 5.001 no se toca y la defenderemos ante cualquier ataque que se quiera llevar adelante -ya que- es esta norma la que prohíbe la minería en Chubut y su defensa impide que el Proyecto 128 se convierta en Ley”, sentenció.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, se reunirá hoy junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los jefes de los distintos bloques del Congreso para avanzar en un acuerdo para la postergación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las generales, debido a la pandemia del coronavirus.

El encuentro se realizará a las 17 en el Salón de los Escudos, en la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales.

La reunión contará con la participación de De Pedro, Massa y los presidentes de bloque, tanto de manera presencial como virtual, añadieron las fuentes.

Según el calendario electoral, las PASO están previstas para el 8 de agosto y las generales para el 24 de octubre, pero la intención del Gobierno nacional es postergarlas para el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.

A fines de abril, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) dio su respaldo a la propuesta del oficialismo de postergar hasta septiembre las PASO y hasta noviembre las elecciones generales para la renovación de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y de un tercio del Senado.

Este jueves a través de su cuenta personal en la red social de Twitter el abogado ambientalista Enrique Viale se pronunció sobre la decisión tomada por los diputados con respecto al proyecto de la Iniciativa Popular.

Expresó “en Chubut los ciudadanos consiguieron, durante meses, 30.000 firmas reales para una Iniciativa Popular para proteger el agua y prohibir tóxicos en minería”.

Sin embargo, “la Legislatura de Chubut, en un trámite express, vía remota, sin siquiera una audiencia, la rechazó. Hablemos de Democracia”.

Declaraciones

Se reunieron este jueves a las puertas de la Casa de las Leyes en Rawson, aunque los legisladores debatieron de manera virtual y rechazaron el proyecto en contra de la minería.

Grupos de vecinos y asambleas ciudadanas que se oponen al desarrollo minero, se agolparon este jueves a las puertas de la Legislatura de Chubut, para cuestionar el rechazo que la mayoría de los diputados hizo del proyecto de Iniciativa Popular firmado por más de 30 mil ciudadanos, que proponían el rechazo de la actividad minera y otras limitaciones al uso de químicos en diversas industrias.

Los manifestantes cuestionaron con dureza a los trece diputados que aprobaron el rechazo del proyecto 129/20, y exigieron que el mismo sea regresado a la Comisión de Recursos Naturales y luego debatido en el recinto.

La sesión de este martes por la mañana fue clave para definir la continuidad de las sesiones virtuales durante el mes de mayo, con el único voto negativo del bloque Chubut Unido.

Concretamente se votaron dos pedidos de informes, ambas del bloque Chubut Unido: la primera que deberá responder el Ejecutivo que apunta a saber si se está dando efectivo cumplimiento a la ley general de pesca marítima, respecto a aprovechamiento integral de los recursos vivos del mar y en el abastecimiento de materia prima a las plantas procesadoras de nuestra provincia.

El otro pedido, también dirigido al gobierno, está referido a la ley que prohíbe la deposición de residuos pesqueros en los basurales municipales, por lo que se piden estudios de impacto ambiental y actas de inspecciones realizadas por el Ministerio de Ambiente a las empresas que tienen firmados convenios con Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

En la sesión ingresó para ser tratado en comisiones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para prorrogar por 180 días la ley que declara la emergencia en el sector de Salud a causa de la pandemia del Covid, así como también tomaron estado parlamentario una propuesta del diputado Miguel Antín para modificar la ley de jubilaciones de ex combatientes, y una iniciativa del bloque UCR, con una declaración instando a diputados nacionales a votar la prórroga de la Ley de Régimen de Recuperación de la Ganadería Ovina.

HORA DE PREFERENCIA

En la hora de preferencia, hubo varias menciones al Día del Trabajador y la radical Andrea Aguilera, se refirió específicamente a la situación actual de los trabajadores estatales chubutenses, y afirmó “parece ser que estos derechos en nuestra provincia no se están cumplimiento, tienen tres meses de deuda salarial, el salario es el primer derecho y no se está cumpliendo, mientras desde el gobierno no se habla de qué se va a hacer, y el gobernador hace acuerdos con algunos sectores”.

También aludió a la situación de los jubilados, que dijo “ya han cumplido su tiempo laboral, están todos los días en la calle, y no hay ninguna solución para ellos por parte del gobierno”.

En ese sentido, se refirió al ISSyS, que marcó “tiene un funcionamiento absolutamente irregular, continúa desfinanciado, e incorporando personal, pero la diferencia es que cobran en tiempo y forma”. Agregó que “los vocales tienen los mandatos vencidos, por lo que todas acciones que llevan adelante, no están en el marco de la legalidad, por lo que es indispensable que el Ejecutivo convoque a elecciones, ya que las de 2018 quedaron sin efecto. De esta manera vamos a empezar a resolver los problemas de los trabajadores, necesitamos hechos, no palabras”, concluyó Aguilera.

Fuente: Con Sello Patagónico

El proyecto que apunta a combatir la violencia institucional por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate sobre un proyecto integral contra la violencia institucional que buscan prevenir y erradicar estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

La iniciativa se comenzará a analizar en una reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos que se realizará a las 18 y estará presidida por los legisladores del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky.

El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

El proyecto establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».

Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.

Los detalles del proyecto

La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas».

De acuerdo a la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».

Asimismo, el proyecto establece que las víctimas de violencia institucional «tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima».

También podrán solicitar «acompañamiento psicosocial por parte del Estado» y dispone que cada «jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia».

El secretario General del Sindicato de Estibadores Portuarios, Raúl Mella envió una nota a la ministra de la Producción de Santa Cruz, Salvina Córdoba solicitando que se contemple la posibilidad de vacunar a todos los trabajadores portuarios para evitar que se ponga en riesgo su salud y la de la comunidad.

En la misiva, Mella señala que la pandemia del Covid-19 generó graves consecuencias para los trabajadores encuadrados como esenciales quienes debieron afrontar contagios, aislamiento, paralización temporal de la actividad y la enorme tristeza del fallecimiento de un estibador contagiado.

El referente de los portuarios mencionó que el diputado por municipio Carlos Santi presentó un proyecto pidiendo vacunación para el sector, pero hasta el momento no hubo respuestas.

“Nuestra intención no es entorpecer la actividad portuaria ni poner palos en la rueda pero llegado el caso es posible que no se pueda trabajar con normalidad ya que los principales perjudicados son los trabajadores y no podemos exponerlos”, señala Mella entre otras cosas al justificar el pedido de inmunización para los portuarios.

Cabe acotar que durante el 2020 el puerto tuvo 50 trabajadores contagiados, 70 aislados y un trabajador muerto.

Fuente: Crónica

El oficialismo nacional logró una victoria y acaba de obtener media sanción en la modificación del mínimo no imponible de Ganancias que lleva el piso a partir del cual comenzará a pagar el tributo aquel asalariado que tenga como sueldo 150.000 pesos brutos. Así, con 241 votos a favor y 3 abstenciones y luego de más de 20 horas de debate, la cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto para que sea tratado esta misma semana.

En una maratónica sesión especial que comenzó en la noche del sábado, la Cámara de Diputados dio media sanción pasadas las siete de la mañana del domingo al proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias que impulsó el oficialismo y que, de ser aprobado, beneficiará a más de un millón de trabajadores, que quedarían exentos del pago del tributo.

Luego de aprobar una serie de iniciativas que estaban en agenda, el recinto comenzó a tratar este tema pasadas las 23.30 del sábado y, teniendo en cuenta la larga lista de oradores anotados, estaba previsto que la norma sea votada pasadas las 7.30 de la mañana de este domingo.

La dilación apra tratar un tema en el que todos estaban de acuerdo hizo tambalear la seción y comenzó a aparecer la idea de la declaración de un cuarto intermedio. Esto hizo que el presidente de la Cámara y autor del proyecto señalara que “aunque tengamos que sesionar toda la madrugada, vamos a votar Ganancias”, descartando así la posibilidad de un pase a cuarto intermedio.

Las reformas que prevé el proyecto, presentado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, plantea incrementar la deducción especial a partir del cual se calcula el Impuesto a las Ganancias, con el fin de que los trabajadores que cobren hasta 150.000 pesos brutos no deban pagar ese gravamen. “Más allá de las peleas políticas, queremos transmitirle a la población que el Congreso está trabajando para resolver este tema”, destacó Massa este sábado por la mañana, cuando aseguró que el proyecto sería aprobado aunque los diputados tengan que “sesionar toda la madrugada”.

El primero de los bloques en cerrar fue el del diputado mendocino José Luis Ramón quien festejó la medida y se mostró eufórico diciendo que había que “brindar” con la población para luego pelearse con el diputado Fernando Iglesias a quien le gritó que lo tiene “harto”. Luego llegó el turno del bloque del lavagnismo que comanda Alejandro Rodriguez quien mostró diferencias pero apoyó.

El eje de la discusión estuvo entre el bloque de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. En el caso del primero, el cierre estuvo a cargo de Mario Negri quien adelantó su apoyo al proyecto aunque también ratificó las observaciones principales que se hicieron desde el interbloque a la iniciativa del oficialismo.

“Para nosotros no haber abordado la actualización del mínimo no imponible es negativo. También tiene consecuencias negativas el achatamiento de la pirámide ya que quien pague el impuesto entrará pagando las escalas más altas. Y por último creemos que es negativo que hayan quedado excluidos los autónomos”, dijo Negri.

Tras referirse al proyecto de ley, Negri se metió de lleno a criticar la política económica del Gobierno. en donde dijo que la media de la caída en el mundo de la actividad económica es del 3 por ciento y nosotros caímos 10 por ciento. Sumamos un millón más de desocupados. El problema hay que resolverlo, no se hacen más progresista con gritos. Si no hay empresas, no hay trabajo y entonces la gente no vive del salario, vive de la asistencia. Es el trabajo lo que dignifica”, agregó Negri.

“Estamos preocupados, no vemos rumbo en el Gobierno. Es errático en todos los terrenos, Somos un barco sin rumbo que en cualquier momento choca. Estamos viendo caprichos, hay personalidades inestables, coléricas, que nos gritan a nosotros, que gestionan mal, que expropian hoy y mañana no, que suben retenciones y mañana no. Que ignoran la convivencia. Se ha hecho del emparche y la improvisación un sistema de gobierno. En más de 20 horas de debate acá nadie del oficialismo nombró al Presidente”.

“Cuando ingresó el coronavirus al país, nos pusimos a disposición. Nos paramos a su lado. Frente a la peste le dije al Presidente que era el comandante, que estábamos para ayudar. Nunca nos quiso atender, nos despreció y nos trató de enemigos. Si fuera hoy a la Casa de Gobierno, aunque dudo que nos inviten, iría con un solo interrogante. Le diría al Presidente que los argentinos queremos saber dónde está el piloto”, finalizó Negri.

La respuesta llegó del titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien le dijo a Negri que “durante un discurso, durante un ratito, quiero ayudar, ¿dónde está el piloto?. La sinuosidad literal, ¿no? Y buscar después qué frase se elige para el Twitter, otra que te levante el medio amigo. Y al final terminar diciendo nada. Porque creo que respecto de lo que expresaba quien me antecedió en la palabra se me ocurre o se me vinieron a la cabeza mientras lo escuchaba atentemente y con mucho respeto com hago siempre, la frases de un ex ministro de Economía, del anterior Gobierno, Nicolás Dujovne, que, por ejemplo, cuando se hizo cargo de la cartera, decía que el único beneficio que tenía la Argentina es que era un país muy desendeudado”.

A partir de este momento cambió el eje de su discurso y le apuntó a los dichos del ex presidente Macri y las pomesas incumplidas señalando que “quién era habitualmente el miembro informante de la hoy bancada opositora, decía hace unos días que no siempre se pueden cumplir las promesas de campaña, que hubiese sido una locura eliminar el Impuesto a las Ganancias, (luego no sé si Macri lo explica en el libro en algún lugar, todavía no lo pude leer, lo voy a leer), que había sido un error de comunicación, la promesa aquella de eliminar el Impuesto a las Ganancias. Yo creo que, a diferencia de lo que opinaba aquel miembro informante, que hubiera sido una locura o un error, cuando uno mira seriamente no fue locura, no fue un error, ni una promesa de campaña, fue una decisión política que tenía que ver con mentir y con tener a los medios porteños, y algunos del interior que los van comprando, como escudo y propagadores de esa mentira. Eso fue lo que sucedió.

Ahí Kirchner señala que la decisión de no bajar el impuesto a los trabajadores fue “una decisión política” respecto de las promesa de campaña “tanto que hay una segunda decisión política, que pudiendo cumplir en parte aunque sea aquella eliminación del aporte de Ganancias de los trabajadores, deciden otro camino: es la eliminación de las retenciones. Hubo una decisión de no cumplir siquiera en parte y sí darlo a un sector mucho más poderoso y concentrado de la economía argentina”.

“Saliendo de eso, lo cierto es que del año 2015 al 2019 pasamos de 259 mil argentinas y argentinos que necesitan una mano o la presencia del Estado con políticas sociales, por las que después son muchas veces estigmatizados, a 506 mil. Duplicaron. Los que dicen que hay un proyecto político de controlar sectores sociales son los que duplicaron. Entonces ya tenemos duplicación de los planes sociales y mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras argentinos pagando Ganancias”,. agregó el diputado.

“Todos los gobiernos tiene sus errores pero creo que salvo la palabra de dos diputados radicales de la Ciudad de Buenos Aires que pueden expresarse sin insultos, el resto son una cadena de agravios para entusiasmarse con un par de likes. Los desafíos que tiene la Argentina son bastante complejos, el país necesita lo mejor de todos y todas, pensemos como pensemos. Después habrá tiempo para derimir las cuestiones electorales y las representaciones que cada uno quiere tener”

Aunque el proyecto fue votado mayoritariamente, las tres abstenciones estuvieron por el lado de Juntos por el Cambio ya que no votaron Luciano Laspina (Pro), Facundo Suárez Lastra (UCR) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Modificaciones

A la hora de la votación en particular, el miembro informante que fue Carlos Heller, adelantó que iban a aceptar algunas modificaciones ya discutidas pero que no abrirían el debate para nuevas modificaciones.

Entre los cambios que se aceptaron, está la obligación de los ex presidentes de pagar impuesto a las ganancias por las asignaciones mensuales vitalicias que reciben, que fue un proyecto de la legisladora radical Carla Carrizo.

Otro punto que se aceptó fue el pedido de Facundo Moyano para que se incluyeron a los recolectores a la prórroga de la exención de ganancias en horas extras que figuraba en el ahora artículo 13.

En las modificaciones también se aceptó un pedido del diputado del Pro Ricardo Buryaile de quitar el límite de edad para las deducciones por hijo con discapacidad. El proyecto original fijaba que se podía deducir hasta los 18 años y ahora no tendrá límite.

Por ultimo, el oficialismo también aceptó que no esté alcanzado por Ganancias los bonos por productividad con un límite de hasta 40% de salarios que no superen los 300.000 pesos.

El costo

El costo fiscal de estas modificaciones será de unos $48.000 millones que, se prevé, será financiado en parte con un aumento del consumo y otro gravamen a las empresas, que se comenzará a discutir en las próximas semanas. De acuerdo a las cifras informadas por el oficialismo, estos cambios beneficiarán a alrededor de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos del pago de este tributo el 93% de los trabajadores.

“Hoy en la Argentina 25 de cada 100 trabajadores pagan Ganancias. A partir de la sanción, van a pagarlo sólo 7 de cada 100 trabajadores”, explicó Massa. “En el caso de los jubilados, sólo el 0,04% van a hacerlo, no solo por la modificación del piso sino porque además subimos de 6 a 8 haberes el mínimo no imponible, con lo cual a medida que se van actualizando las jubilaciones se va modificando el mínimo no imponible”.

En el inicio del tratamiento, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante de la iniciativa, Carlos Heller, integrante del Frente de Todos, sostuvo que con los cambios que se plantean ser volvería “a la situación histórica donde solo el 7% de los trabajadores quedarían alcanzados con el impuesto a las Ganancias”, ya que serían “1.267.000 trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas que dejarían de pagarlo”.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por 180 días a los departamentos de Cushamen y de Bariloche, en las provincias de Chubut y Río Negro, respectivamente, y a las adyacencias de la localidad de El Bolsón, después de los incendios forestales que devastaron la región de la Comarca Andina durante el verano.

El proyecto, que volvió a Diputados en revisión del Senado, prevé que se destine una partida especial para asistir a las personas damnificadas y para contribuir a la reconstrucción económica y de la biodiversidad de la zona.

La iniciativa mandata al Gobierno nacional a asignar recursos económicos para la “reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones en las zonas rurales y urbanas afectadas o que resulten necesarias”, junto a la ampliación de los fondos destinados a la cobertura de planes sociales.

Además, establece facilidades a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

El tratamiento fue impulsado por la diputada Brenda Austin (UCR) y Gustavo Menna (UCR), y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo. Fue incorporado al temario sobre tablas, luego de un un acuerdo interpartidario. Sin embargo, no prosperaron para tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes en relación a los incendios.

Durante el debate legislativo, el diputado Ignacio Torres (PRO) tomó la palabra y lamentó la pérdida de “miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”. Sin embargo, resaltó la responsabilidad institucional del cuerpo para tratar la emergencia y, “de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo”.

“En estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”, destacó Torres, y apuntó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.

A su turno, la legisladora Austin subrayó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.

“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, manifestó.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente de Todos, Santiago Igon, adelantó al apoyo de su bloque a esta iniciativa y dijo que el Poder Ejecutivo “estuvo comprometido asistiendo a los departamentos afectados por los incendios”.

Entre el conjunto de medidas que habilita la ley, se dispone la unificación de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Además, se faculta a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

Los proyectos que no prosperaron

Durante el trámite de la ley sobre los incendios forestales, el Frente de Todos logró bloquear los pedidos de apartamiento de reglamento de Juntos por el Cambio para tratar sobre tablas un paquete de iniciativas relacionadas a la situación en Formosa, la prórroga de la ley de Biocombustibles y la campaña de vacunación contra el coronavirus, entre otros temas.

La principal bancada opositora hubiera necesitado el aval de tres cuartas partes de los diputados presentes en la sesión para incorporar las iniciativas al sumario, dado que no tenían dictamen ni estaban en el orden del día previamente acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.

Uno de las mociones de apartamiento de reglamento que fueron vetadas por el oficialismo pedía interpelar al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, sobre las “violaciones de los derechos humanos” en la provincia de Formosa.

Tampoco prosperó un pedido de informes verbales al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, por ese mismo tema, ni pedidos de informes a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en relación a las dificultades en el operativo nacional de vacunación.

El oficialismo también obstruyó el tratamiento de la prórroga del régimen de Biocombustibles: Juntos por el Cambio ya había intentado debatir el tema el jueves pasado en sesión especial, pero no alcanzó el quórum.