El bloque de La Libertad Avanza busca activar el funcionamiento de la Cámara de Senadores para llevar a cabo este jueves la última sesión ordinaria previa al inicio del receso invernal.
Los objetivos centrales del oficialismo se concentran en lograr la aprobación del proyecto de ley de propiedad privada y dar curso legal al pliego del camarista Víctor Pesino, junto a otra tanda de designaciones en el Poder Judicial.
El temario general de las próximas semanas quedó consensuado el miércoles pasado durante una reunión de Labor Parlamentaria entre las autoridades de la cámara y los bloques dialoguistas. A pesar del acuerdo político inicial para sesionar este jueves y el próximo 6 de agosto, fuentes legislativas advirtieron que persisten dudas sobre la obtención del quórum debido a que el receso escolar comienza anticipadamente en varias provincias del interior del país.
Modificaciones al proyecto de propiedad privada y límites a tierras
La iniciativa de propiedad privada, impulsada originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llega al recinto tras atravesar sustanciales modificaciones en sus comisiones de origen. El texto definitivo eliminó el capítulo que proponía cambios en la ley de barrios populares y reformuló las pautas referidas al manejo del fuego, desalojos, expropiaciones y la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Respecto a la extranjerización de tierras, las principales pautas operativas del proyecto establecen:
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Eliminación de topes generales: Se quitan las restricciones globales para la compra de terrenos por parte de particulares extranjeros, delegando en los gobiernos provinciales la facultad de autorizar cada operación en sus jurisdicciones.
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Restricción a Estados extranjeros: Se prohíbe explícitamente la adquisición de parcelas rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal foránea, salvo que cuenten con un aval explícito de la provincia afectada y del Poder Ejecutivo Nacional.
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Silencio administrativo: Se fija un plazo de 180 días para que los gobiernos nacional y provincial presenten reparos en zonas fronterizas. De no mediar objeciones, se aplicará el silencio administrativo como aceptación de pleno derecho.
Nuevo régimen de desalojo exprés y plazos de intimación
El articulado reforma el procedimiento para la restitución de bienes inmuebles, determinando que un magistrado podrá disponer la inmediata entrega de una propiedad usurpada o en manos de tenedores precarios si «el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria». Ante una denuncia respaldada por prueba documental, el juez contará con la facultad de intimar la devolución del bien en un plazo de 72 horas.
En lo que respecta a las controversias por alquileres, la normativa establece que el propietario deberá intimar al inquilino que adeude pagos mediante una carta documento, otorgando un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación. Si el incumplimiento persiste, se habilitará una acción de desalojo ejecutable en 10 días hábiles. Asimismo, en casos donde se encuentren involucrados menores o adultos desamparados, la justicia deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales por un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.
Prórroga de pliegos judiciales y cobertura de vacantes
En el plano judicial, el oficialismo apunta a convalidar un paquete de 36 pliegos para la cobertura de puestos vacantes. La prioridad legislativa está puesta en la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien requiere la aprobación de la Cámara Alta antes de cumplir los 75 años de edad el próximo 27 de julio. Ante una eventual demora en el tratamiento parlamentario, el magistrado ya presentó un recurso de amparo preventivo para garantizar su continuidad en el cargo.
Dentro de la misma lista de postulaciones destaca la nominación de Juan Rodríguez Ponte para el juzgado federal de Lomas de Zamora, tribunal con competencia sobre la causa que investiga al exintendente Martín Insaurralde. De aprobarse este conjunto de pliegos, el Gobierno nacional habrá alcanzado la designación de 110 magistrados en los últimos meses, avanzando sobre el objetivo de normalizar las cerca de 300 vacantes existentes en los fueros federales.