El plan de desguace estatal y entrega de la obra pública al sector privado dio un paso crucial que sacude las estructuras económicas del país.
En un movimiento estratégico y a contrarreloj, el Palacio de Hacienda destrabó el masivo proceso de licitación para la concesión de rutas clave, precalificando a poderosos holdings empresariales y sepultando las impugnaciones cruzadas que amenazaban con congelar la privatización del transporte federal.
Resolución 884/2026: el Ministerio de Economía avala el desembarco privado
El Ministerio de Economía de la Nación aprobó de manera oficial la primera etapa de la licitación pública para otorgar la concesión privada de la red vial nacional, hoy controlada por la firma estatal Corredores Viales SA. La drástica medida quedó plasmada en la Resolución 884/2026, publicada este viernes por la mañana en el Boletín Oficial, e impactará directamente sobre sectores neurálgicos para la producción del país, abarcando de forma obligatoria los tramos denominados Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.
El multimillonario concurso de privatización atrajo una masiva participación empresaria con la presentación de 18 prestigiosas firmas y un total de 41 ofertas técnicas en competencia. Tras un minucioso análisis de las carpetas, la Comisión Evaluadora recomendó de forma tajante desestimar 13 ofertas debido a severos incumplimientos formales, otorgándole luz verde al resto de los consorcios económicos para avanzar de fase en la pugna por quedarse con el millonario control de los peajes nacionales.
Los gigantes de la construcción en carrera y una impugnación clave
Entre los grupos corporativos más poderosos que lograron superar el filtro estatal y quedaron formalmente precalificados para administrar las rutas figuran alianzas de peso como las uniones transitorias de empresas Rovella Carranza-JCR; IEB Construcciones-Trading MRG; la firma CPC SA; el megaconsorcio Panedile Argentina-Supercemento-Eleprint; y el grupo Basaa-Cecosa. Estas corporaciones se disputarán el mantenimiento y la recaudación tarifaria de los principales corredores del interior del país y de los accesos a los puertos exportadores de mayor tránsito comercial de la República Argentina.
Asimismo, la flamante resolución oficial generó un fuerte impacto en el ámbito legal al hacer lugar a una impugnación de último momento presentada por la firma Creditech SA-Plantel SA contra su exclusión del proceso. Inicialmente, las autoridades técnicas de la Comisión Evaluadora habían dictaminado el descarte de la compañía tras cuestionar su solvencia económico-financiera. No obstante, al analizar minuciosamente el descargo de la empresa, los peritos oficiales concluyeron de forma contundente que la diferencia detectada entre el índice requerido y el verificado carecía de entidad objetiva suficiente para justificar su eliminación. De esta manera, el Gobierno ordenó precalificarlos de urgencia en los cuatro tramos viales, intensificando la puja final por el millonario control carretero.