Una jugada institucional de altísimo voltaje político sacudirá al país este jueves cuando el Poder Ejecutivo ponga en marcha un paquete de reformas sin precedentes.
A través de un mensaje grabado que promete paralizar la agenda nacional, el Presidente se dispone a sellar con candado las puertas de la emisión monetaria, fijando reglas extremas y sanciones directas para quien busque financiar al Estado a costa de la inflación.
El presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional este jueves a las 20:00 horas desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto a su equipo económico. El mandatario detallará el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa redactada en conjunto por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili. El texto ingresará a Diputados tras el receso invernal y en el oficialismo afirman que cuentan con los votos para su rápida sanción.
Cárcel para funcionarios y fin de la asistencia financiera al Tesoro
La iniciativa busca prohibir por ley la emisión para cubrir el déficit fiscal, convirtiendo la preservación del valor de la moneda en el único objetivo del BCRA. Entre los puntos más severos, contempla la aplicación de sanciones penales concretas para los funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía del organismo o autoricen asistencia monetaria al Ejecutivo.
A su vez, el proyecto elimina la transferencia de utilidades contables al Tesoro, prohíbe el uso de letras intransferibles para socorrer al Estado y endurece los requisitos para remover al presidente y directores de la entidad, garantizando su estabilidad frente a futuros recambios políticos.
Mecanismo de «shutdown»: paralización del Estado ante falta de fondos
Entre las innovaciones más drásticas traídas del modelo norteamericano, la propuesta incorpora la figura del shutdown o paralización administrativa. Este dispositivo impondrá restricciones automáticas al funcionamiento del sector público en caso de que se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
Con esta herramienta, el Gobierno busca clausurar definitivamente cualquier vía alternativa de endeudamiento o emisión para saldar excesos de gasto público, blindando el esquema macroeconómico.