La Justicia de Chubut dio un paso decisivo en la causa penal que investiga al secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, por presunta administración fraudulenta en perjuicio del gremio estatal.
Durante una audiencia desarrollada en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías Eve Ponce rechazó de manera categórica los planteos presentados por la defensa del dirigente sindical, avalando el pedido de la Fiscalía para elevar el caso a juicio oral.
La resolución fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP). En el transcurso de la jornada, el fiscal general jefe Lucas Papini se opuso firmemente a los recursos presentados por el abogado defensor Oscar Romero, quien había solicitado el sobreseimiento de Quiroga y cuestionado diversos tramos del proceso de investigación.
Al fundamentar su decisión, la magistrada consideró que los argumentos defensivos ya habían sido evaluados en las etapas previas del expediente y citó antecedentes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia respecto al alcance de las audiencias preliminares.
Desvío de fondos gremiales y el origen de la denuncia
La investigación penal imputa a Guillermo Quiroga el delito de defraudación por administración fraudulenta en modalidad de delito continuado. Según sostiene la acusación, el dirigente habría desviado fondos pertenecientes a las arcas de ATE Chubut hacia cuentas particulares para financiar gastos de índole personal.
Los puntos clave que sostienen la acusación incluyen:
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Prueba pericial: un exhaustivo análisis de la documentación bancaria correspondiente al período 2019-2023, elaborado por equipos técnicos de la Procuración General.
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Origen de la causa: el proceso se inició tras la denuncia formal presentada por la ex secretaria de Finanzas del sindicato, Claudia Barrionuevo.
Próximos pasos procesales y el pedido de los afiliados
Tras el rechazo de los planteos defensivos, la Oficina Judicial fijó un cuarto intermedio de cinco días hábiles para ordenar la prueba documental y testimonial que será incorporada formalmente al debate oral.
En tanto, representantes de los afiliados denunciantes respaldaron la postura del Ministerio Público Fiscal y solicitaron que, en caso de dictarse una sentencia condenatoria contra el titular del gremio estatal, la pena sea de cumplimiento efectivo.