Un cambio de rumbo trascendental comenzó a gestarse en la administración de los servicios esenciales de la ciudad.
Tras la asamblea que dejó conformado su nuevo Consejo de Administración, la conducción entrante de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda de Trelew inició su gestión priorizando el saneamiento financiero e institucional, disponiendo la suspensión temporal de la aprobación de los balances contables hasta contar con el resultado de un riguroso examen técnico externo.
Auditoría externa a los balances y negociaciones con CAMMESA
La decisión de no aprobar los estados contables de inmediato responde al compromiso de brindar máxima transparencia a los asociados. La vocera del nuevo cuerpo directivo, Marcela Marauda, explicó que resultaba indispensable encargar un informe a auditores externos independientes para que los delegados puedan evaluar en profundidad la situación patrimonial real antes de proceder a la votación.
Paralelamente, el Consejo ratificó la continuidad del exinterventor Juan Manuel Alfonsín en el rol de asesor institucional. Su permanencia estratégica tiene como objetivo central liderar las complejas gestiones operativas y financieras ante la empresa mayorista CAMMESA para regularizar el millonario pasivo que la entidad mantiene por el suministro de energía eléctrica.
Freno a las tarifas y reorganización junto al personal
En relación con el costo de los servicios, la nueva administración llevó tranquilidad a los vecinos al descartar categóricamente cualquier aumento tarifario en el corto plazo. Marauda enfatizó que no existen porcentajes de incremento en evaluación y que cualquier debate futuro requerirá el consenso previo con el Concejo Deliberante, el Municipio de Trelew y el Organismo Regulador de Servicios Públicos.
La hoja de ruta contempla además una serie de reuniones de trabajo con las gerencias de Energía, Agua y Cloacas, y Administración, haciendo especial foco en la integración de los trabajadores y mandos medios. La premisa de la nueva conducción apunta a estabilizar las finanzas de la prestataria, recuperar la cercanía con la comunidad y garantizar una prestación de servicios públicos de máxima calidad.