Los bloques de la oposición en el Congreso de la Nación rechazaron el DNU 681/2026 firmado por el presidente Javier Milei, el cual reforma la Ley de Migraciones para habilitar la expulsión e impedir el ingreso al país de extranjeros que inciten al odio, promuevan la violencia o ultrajen símbolos patrios.
Además de impulsar su derogación parlamentaria, anticiparon presentaciones judiciales para solicitar su inconstitucionalidad.
La medida del Ejecutivo añade causales de impedimento de permanencia en el país por la vía administrativa sin intervención judicial previa, punto central del reclamo opositor.
Las duras críticas opositoras al DNU 681/2026
Desde el Frente de Izquierda, el Socialismo, Unión por la Patria y otros bloques opositores, cuestionaron tanto el fondo del decreto como la utilización de la vía de urgencia por parte del Gobierno.
El diputado socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, calificó la normativa como inconstitucional y afirmó que carece de viabilidad técnica:
“Es un decreto que solo declama una intención con fines políticos, sin aplicabilidad real en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló Paulón.
En ese sentido, el legislador vinculó la firma del decreto a un intento de sobreactuación frente a recientes polémicas por el uso de símbolos patrios en eventos deportivos internacionales:
“Hay una sobreactuación de nacionalismo orientada a encubrir los errores políticos cometidos durante el certamen deportivo y a capitalizar el fervor patriótico de la sociedad. Intentan camuflar con este decreto la falta de postura en el partido contra Inglaterra, pretendiendo tapar con demagogia lo que no supieron defender en su momento”, añadió.
Por su parte, la diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria) remarcó lo que consideró una contradicción dentro del discurso oficial:
“Lo irónico del DNU que acaba de sacar este Gobierno es que sea justo un Gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado. Si todos los países hiciesen esto, Javier Milei no podría entrar en varios. Se me ocurren por lo menos ocho: Brasil, Chile, México, el Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela”, ironizó la exdirectora de Migraciones.
En la misma línea, el diputado Jorge Taiana sostuvo:
“El decreto publicado por el Gobierno nacional confirma el carácter racista, xenófobo y discriminatorio de las políticas de Milei y su gabinete. Desde el Congreso vamos a hacer todo lo necesario para frenar este decreto y evitar este nuevo retroceso en materia de derechos”.
El trámite parlamentario: la intervención de la Comisión Bicameral
El DNU deberá seguir el trámite fijado por la Ley 26.122. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, debe remitir el texto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dentro de los diez días hábiles posteriores a su emisión.
La comisión, integrada por 16 legisladores y presidida por la senadora María Belén Monte de Oca, evaluará el decreto para emitir dictamen. Para que la norma pierda validez jurídica de manera definitiva, se requiere el rechazo expreso de ambas cámaras (Diputados y Senado). En caso de que solo una cámara lo invalide o no lo trate, el DNU mantendrá su plena vigencia.
Cuestionamientos cruzados por la Ley de Tierras y la propiedad privada
A la par del rechazo al DNU migratorio, el debate legislativo se cruzó con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que analiza el Senado, el cual incluye modificaciones a la Ley de Tierras.
El diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) contrapuso ambas medidas del Ejecutivo:
“Se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto. Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”, remarcó.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro apuntó a la necesidad de resguardar recursos estratégicos:
“No se trata de impedir inversiones ni la compra y venta de tierras. Se trata de preservar nuestros acuíferos y reservas de agua dulce, proteger el desarrollo nuclear y científico-tecnológico, resguardar las zonas de frontera y garantizar que estos recursos estratégicos no queden a merced de futuros condicionamientos o discrecionalidad”.
Finalmente, referentes de Unión por la Patria fijaron su posición tras un encuentro encabezado por Germán Martínez y Marcelo Lewandowski. Martínez alertó que la reforma “está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino”, mientras que Lewandowski sentenció:
“La ley de tierras no es solamente una cuestión de soberanía limítrofe, es también la tierra de nuestra pampa húmeda. Imagínense cuando vengan con el dinero a comprar de a 500 o de 800 hectáreas: van a quedar grandes pooles de siembra, grandes corporaciones que van a determinar cómo vamos a sembrar en nuestra pampa”.