Llega la hora de la verdad en los tribunales de Comodoro Py.
Este lunes 14 de septiembre, el Tribunal Oral Federal N° 5 dará a conocer su veredicto final en la causa emblemática conocida como «Sueños Compartidos», proceso que investiga una monumental maniobra de corrupción institucional ligada al desvío de caudales públicos destinados originalmente a la edificación de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La jornada comenzará con las últimas palabras de los imputados que aún no hicieron uso de este derecho procesal, previo a que los magistrados dicten sentencia sobre destacados referentes políticos y apoderados.
Millonaria defraudación pública e importantes pedidos de condena
El expediente judicial profundiza el presunto desvío de aproximadamente 206 millones de pesos que debían ser canalizados hacia la infraestructura habitacional en diversos distritos del territorio nacional. El fiscal Diego Velasco en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron formalmente la pena de seis años de prisión para el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, imputándoles el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Asimismo, los querellantes reclamaron condenas de cuatro años de prisión para el resto de los exfuncionarios involucrados en las maniobras ilegales.
La encarnizada batalla técnica por la prescripción de la causa
En la contraparte, los abogados defensores exigieron la absoluta absolución de los nueve procesados y fundamentaron su postura en que la acción penal se encuentra prescripta. La defensa argumenta que el plazo legal máximo de seis años transcurrió considerando como último hito interruptivo la citación a juicio oral fijada el 8 de julio de 2020. No obstante, la Fiscalía rechazó enérgicamente dicho cálculo al sostener que el cómputo vence recién el martes 15 de septiembre —un día posterior al veredicto reprogramado— e insistió en que los beneficios de la prescripción no aplican a quienes continuaron ejerciendo cargos públicos.
La definición judicial, postergada desde el pasado viernes tras las intervenciones donde Sergio Schoklender hizo uso de sus últimas palabras mientras que De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala desistieron de hablar, pondrá punto final a uno de los expedientes más extensos y debatidos del fuero federal.