Un verdadero terremoto político, financiero e institucional sacude a la provincia de Chubut tras salir a la luz la trama oculta detrás de la profunda crisis de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
Lejos de ser un colapso fortuito o responsabilidad de sus trabajadores, el vaciamiento de la entidad responde a una extensa historia de uso político, especulación financiera y decisiones de dirigentes de diversos sectores partidarios que sacrificaron el patrimonio colectivo para atender favores de turno. La actual conducción intenta reescribir el relato oficial ocultando una secuencia de intervenciones fallidas y negociados opacos.
La intervención porteña, los nexos con la era Milei y el fracaso de la gestión
La estrategia del oficialismo provincial conducido por el gobernador Nacho Torres y ejecutada localmente por el intendente Gerardo Merino apostó inicialmente por una intervención judicial. Para ello desembarcaron dos figuras con amplia trayectoria en el sector energético capitalino: Matías Bourdieu —exgerente general de Edersa, firma vinculada desde 2013 al Grupo Neuss y con estrechos lazos con Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei— y Juan Manuel Alfonsín, exasesor del exvicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella, y exintegrante de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CAPER).
Con el respaldo de Torres, quien además nombró a Alfonsín como representante chubutense ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica, se promovieron intervenciones cooperativas junto al INAES. Aunque el plan abarcó a Rawson en febrero de 2025, en Trelew la intervención iniciada en octubre de 2024 concluyó en un estrepitoso fracaso: lejos de sanear las cuentas, la gestión finalizó con un pasivo abultado y superior al recibido. Posteriormente, el proceso eleccionario impulsado por el poder político local derivó en la elección de una conducción encabezada por la empresaria Andrea Luna, ligada a la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), que pese a prometer austeridad privada terminó ensanchando el gasto corriente y agravando el déficit.
Estigmatización laboral, amago de quiebra y audición universitaria fantasma
Ante el deterioro financiero, las nuevas autoridades de la prestataria montaron una campaña para responsabilizar al Convenio Colectivo de Trabajo y estigmatizar al personal de planta, omitiendo que la crisis deriva de las sucesivas conducciones políticas. Paralelamente, la negativa del poder concedente a otorgar los aumentos tarifarios acordes al costo de la energía fijado por el Gobierno nacional impulsó al Concejo Deliberante a aprobar un «Fondo de Sostenimiento de Emergencia» de dudosa constitucionalidad. En ese contexto, la propia Luna advirtió de forma amenazante que la entidad podría entrar en cesación de pagos o quebrar en un lapso de 45 días, lo que diversas fuentes interpretan como una maniobra orientada a desplazar el modelo cooperativo para ceder el servicio a grandes corporaciones privadas.
El escenario sumó un capítulo insólito con la firma de un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB para auditar balances que ya contaban con la firma y certificación legal de profesionales matriculados. Esta contratación con la universidad pública esquiva deliberadamente la revisión del período exacto de la intervención previa, buscando encubrir las irregularidades recientes y desviar la atención de los verdaderos responsables del vaciamiento.