Un estremecedor vuelco judicial sacude las costas del Golfo Nuevo tras la fatídica muerte de una joven buceadora en las profundidades atlánticas.
En lo que promete ser un proceso penal sin precedentes para el turismo aventura de la región, las autoridades judiciales sentarán en el banquillo de los acusados al profesional a cargo de la trágica inmersión, cercado por gravísimas denuncias de negligencia y desprecio por los protocolos de seguridad náutica.
Negligencia mortal a ciegas: la reconstrucción de una inmersión fatal
El próximo lunes 6 de julio, a las 10:30 horas, la ciudad de Puerto Madryn se convertirá en el escenario de la audiencia de apertura de investigación formal por el fallecimiento de la buceadora Sofía Devries, quien perdió la vida por ahogamiento el pasado 16 de febrero en una inmersión de aguas profundas. El proceso judicial tiene como único imputado al instructor de buceo Thiago Nahuel Pocovi, a quien se le atribuye formalmente el delito de homicidio culposo. La audiencia clave estará presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado, y contará con la particularidad de que el acusado participará de manera estrictamente virtual desde Buenos Aires, ciudad donde reside actualmente.
El trágico suceso se desencadenó durante una excursión organizada y liderada por Pocovi, quien guiaba a un contingente de siete buceadores hacia el peligroso parque subacuático del exbuque pesquero Hu Shun Yu. En su carácter de profesional certificado por la federación internacional PADI, el imputado cargaba con la supervisión integral y el deber de cuidado de todo el grupo. No obstante, la hipótesis fiscal asegura que las condiciones de visibilidad bajo el agua eran extremadamente reducidas al momento de descender, una alerta climática severa que dificultaba el control visual de los aventureros y que, a pesar del riesgo inminente, el instructor decidió ignorar por completo para continuar con la actividad.
Desesperación en el fondo del mar: imputación por homicidio culposo
La reconstrucción judicial del horror detalla que, debido a la nula visibilidad y la falta de control, la víctima y su pareja sentimental quedaron totalmente desamparadas y sin supervisión directa en el fondo del sitio de inmersión. En medio de la penumbra y el aislamiento subacuático, la joven comenzó a manifestar severos signos de malestar y desesperación, llegando al extremo de retirarse el regulador de oxígeno. A pesar de los intentos desesperados de asistencia por parte de su compañero, Devries se quedó instantáneamente sin suministro de aire, lo que desencadenó su muerte inmediata en el lecho marino.
La acusación formal fue radicada por el fiscal Alex Williams junto al funcionario judicial Juan Pablo Santos, quienes sostienen con firmeza que la conducta de Pocovi fue diametralmente opuesta a los protocolos internacionales y las normas estrictas de seguridad que regulan el buceo profesional. La figura legal aplicada de manera provisoria contra el instructor es la de homicidio culposo, tipificada explícitamente en el artículo 84 del Código Penal Argentino. Esta tipificación prevé penas severas para aquellos que causan la muerte de otra persona por imprudencia manifiesta, negligencia criminal, impericia en su arte o el rotundo incumplimiento de los deberes de cuidado a su cargo, abriendo un debate urgente sobre los controles en el Golfo Nuevo.
