El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes el lanzamiento de una campaña diplomática internacional orientada a “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI).
La estrategia de la administración de Donald Trump busca presionar a los países aliados de Washington para que abandonen el tribunal supranacional, bajo la acusación de que el organismo interfiere en los asuntos internos de la potencia norteamericana.
“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio. El funcionario judicializó la disputa al sostener que la entidad libra “una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”.
Sanciones y presión diplomática contra el tribunal internacional
La nueva línea operativa del Departamento de Estado endurece el posicionamiento histórico de Washington, que no forma parte del Estatuto de Roma. El programa anunciado contempla restricciones de visado y prohibición de ingreso al territorio estadounidense para el personal de la CPI, el congelamiento de activos de sus integrantes y un despliegue de embajadores para denunciar los presuntos “abusos de la CPI” ante delegaciones extranjeras.
La ofensiva diplomática incluye además un esquema de revisión de la asistencia económica y militar hacia aquellos países dependientes de Washington que se nieguen a desconocer la jurisdicción del tribunal. En una columna de opinión publicada en el diario The Wall Street Journal, Rubio cuestionó la legitimidad del organismo al definirlo como “un árbitro global sin rendición de cuentas” y ratificó que, en colaboración con sus socios estratégicos, el Gobierno estadounidense buscará desarmar la estructura de la corte “paso a paso, si es necesario”.
El impacto en el sistema judicial multilateral
La escalada restrictiva impuesta por los Estados Unidos abre un escenario de incertidumbre sobre el financiamiento y la viabilidad operativa de la CPI, institución diseñada para juzgar delitos de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra. Las sanciones económicas previas contra el personal judicial ya habían condicionado las investigaciones sobre presuntos abusos cometidos por tropas norteamericanas en Afganistán y las acciones legales dirigidas contra funcionarios de Israel.
Especialistas en derecho internacional advierten que la presión formal sobre los socios de la OTAN y otros aliados occidentales amenaza con fragmentar el sistema multilateral de rendición de cuentas. La efectividad de las investigaciones penales en zonas de conflicto dependerá de la capacidad de resistencia institucional que demuestre el tribunal frente al bloqueo económico de la Casa Blanca.