La provincia de La Rioja vuelve a estar en el ojo de la tormenta económica y social del país.
En medio de una delicada situación financiera, la gestión del gobernador Ricardo Quintela anunció un incremento salarial para los empleados estatales que, lejos de traer tranquilidad, encendió todas las alarmas. El dato que desató la polémica y el descontento es que una parte sustancial de esta recomposición se abonará mediante la cuestionada cuasimoneda local, dejando al descubierto la asfixia fiscal que atraviesa el distrito patagónico.
El millonario costo del aumento y la trampa de la cuasimoneda
La administración riojana oficializó una recomposición salarial que oscila entre el 14% y el 15% para el sector público. Esta medida demandará un esfuerzo financiero adicional por mes estimado en unos $12.200 millones de pesos, provocando que la masa salarial global de la provincia salte de $81.000 millones a casi $94.000 millones.
Sin embargo, el verdadero conflicto radica en la ingeniería del pago. El gobierno provincial completará el aumento otorgando una suma fija de $50.000 a pagar en «Chachos», el bono de cancelación de deuda emitido por la provincia. Esta decisión confirma que la administración central no cuenta con los pesos físicos necesarios para afrontar sus compromisos corrientes, teniendo que recurrir a este polémico parche financiero para evitar el colapso de las cuentas públicas.
La furia de los trabajadores y un experimento fiscal al límite
La vuelta a escena de los bonos provinciales provocó una dura reacción por parte de los gremios estatales, la oposición y la sociedad civil. Mientras el gobernador Quintela intenta instalar la narrativa de que la provincia cuida los ingresos frente a la crisis nacional, el ciudadano de a pie se enfrenta a la devaluación real del papel local. Los trabajadores ya expresaron su preocupación por el valor de canje de los Chachos en los comercios cotidianos, la poca aceptación en locales de primera necesidad y la incertidumbre sobre la pérdida del poder adquisitivo.
La implementación de este experimento de supervivencia financiera deja a La Rioja en una posición sumamente incómoda frente al resto de las provincias que discuten paritarias en moneda de curso legal. Ahora, Quintela enfrentará la dura tarea de rendir cuentas sobre cuánto tiempo se prolongará la circulación de esta cuasimoneda, qué respaldo real tienen los bonos en el mercado y cómo garantizará que los salarios vuelvan a pagarse de manera íntegra en pesos argentinos.