La paciencia de la sociedad argentina comenzó a mostrar signos inequitativos de agotamiento frente a la coyuntura económica.
Un estudio de opinión pública a nivel nacional reflejó una marcada desilusión respecto a la marcha de las medidas de la administración central, dejando al descubierto un escenario de escepticismo sobre la capacidad de recuperación del poder adquisitivo y el futuro financiero de los hogares.
Pesimismo económico y la impaciencia que cerca al Ejecutivo
El estudio, desarrollado por la consultora QSocial sobre un muestreo de 1.323 casos en todo el país y con un margen de error del ±2,9%, determinó que el 50% de los consultados afirmó tajantemente que «ya no puede esperar más» para vislumbrar resultados concretos en sus finanzas personales. En contraposición, solo un 20% expresó estar dispuesto a aguardar hasta los comicios presidenciales de 2027, un 10% fijó como límite el cierre de este año y un 8% sostendría su espera hasta mediados del próximo año, quedando un 12% sin definir postura.
Al analizar la foto actual de la Argentina, apenas el 16% catalogó el contexto como «bueno», mientras que un 35% lo calificó de «regular» y un contundente 48% lo consideró «malo». No obstante, al comparar la situación presente con el inicio de gestión en diciembre de 2023, el 31% manifestó percibir una mejoría. Las perspectivas a doce meses vista tampoco son alentadoras para el oficialismo: un 47% vaticinó que la economía empeorará, frente a un 26% que confía en un repunte y un 21% que prevé que todo seguirá igual.
Inquietud social, capacidades de gestión y reparos sobre el esfuerzo
Las principales preocupaciones ciudadanas están encabezadas de forma compartida por el empleo y la pobreza, ambos con un 21% de las respuestas, seguidos por la corrupción (19%), la inflación (11%), la inseguridad (8%) y la Justicia (6%). Frente a este temario, un 61% sostuvo que la administración de Javier Milei no posee la capacidad requerida para resolver dichos problemas, ante un 32% que confía en sus herramientas de gobierno. En tanto, un 64% consideró que se gobierna «para algunos sectores», frente a un 25% que percibe medidas dirigidas a la mayoría.
El informe concluye con dos variables de fuerte peso político respecto al costo social de las reformas: el 67% rechazó la premisa de que las medidas vigentes resulten indispensables aunque demanden sacrificios en el corto plazo, y ese mismo 67% afirmó categóricamente que el esfuerzo que realiza actualmente la población no valdrá la pena en el futuro, contrapuesto a un 31% y 32% que respaldó la lógica del ajuste.