El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se convirtió en el principal foco de cuestionamientos internos y externos durante la última semana, tras haber impulsado dos iniciativas oficiales que terminaron naufragando y generaron complicaciones políticas y económicas para el Poder Ejecutivo
Fuentes del oficialismo consultadas por la Agencia Noticias Argentinas describieron al funcionario como alguien que se «extralimita» en su afán desregulador y que suele dejar de lado los límites políticos y sociales al momento de proyectar medidas, actuando como un ejecutor directo del pensamiento del presidente Javier Milei.
La suspensión del Decreto 690 y el conflicto portuario
El primero de los traspiés ocurrió tras la firma del Decreto 690/2026, una norma ideada por Sturzenegger para desregular los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos y canales. La medida desencadenó un paro inmediato en la actividad portuaria, provocando pérdidas millonarias en el comercio exterior.
Pese a la postura inicial del ministro de sostener la medida, las complicaciones operativas obligaron al Gobierno a suspender la aplicación del decreto y abrir una mesa de negociación para consensuar un esquema de trabajo con los actores del sector.
La quita de la venta de tierras a extranjeros en el Senado
Días después, el capítulo más controvertido de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sufrió un desenlace similar. El artículo 3, que habilitaba la venta ilimitada de tierras a capitales extranjeros, debió ser retirado por el oficialismo en la Cámara de Senadores ante la falta de consenso legislativo y el amplio rechazo social expresado en las calles.
A este repliegue se le sumó la quita de los artículos referidos al manejo del fuego durante la sesión en la Cámara Alta, desmembrando los puntos centrales apadrinados por el funcionario.
La postura del ministro
A pesar de los reveses legislativos y gremiales, Sturzenegger defendió públicamente la orientación de sus propuestas, manifestando que en la discusión de la ley de tierras «se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad».
A través de sus redes sociales, el ministro vinculó las modificaciones a la Ley de Glaciares con el anuncio de inversiones mineras por 250 millones de dólares en la provincia de San Juan, lamentando la quita del capítulo territorial: «Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derraman prosperidad. Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país», argumentó.