En una jugada política de alto impacto que busca aliviar la asfixiante situación económica de millones de hogares, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria logró unificar sus propuestas en un único borrador de ley.
La iniciativa busca ponerle un freno directo a los abusos del sistema crediticio, limitar los cobros desmedidos de las financieras y abrir las puertas a refinanciaciones accesibles frente al avance del endeudamiento en los sectores medios y populares.
Un proyecto de ley de emergencia para rescatar a 20 millones de endeudados
El articulado acordado plantea declarar la emergencia por un plazo de 180 días (prorrogable por un período idéntico). Entre sus pilares estructurales, impone un tope estricto a la tasa de interés nominal que aplican las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales, además de fijar límites máximos a los gastos y comisiones administrativas. Asimismo, establece planes de refinanciación de deudas de hasta 36 meses y elimina por completo el cobro de intereses punitorios, respetando únicamente el capital original y los intereses compensatorios.
Para combatir la falta de transparencia en el cobro de tasas según el scoring de cada cliente, la norma le otorga facultades a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo de las plataformas fintech. Este proyecto apunta a restituir facultades regulatorias derogadas por el DNU 70/23 del Poder Ejecutivo y propone que el «esfuerzo sea compartido» entre las entidades financieras y los deudores. La problemática reviste una magnitud social crítica: actualmente hay 6 millones de personas en situación de mora y 14 millones con altos niveles de endeudamiento familiar.
El consenso interno en la bancada peronista fue alcanzado tras intensas negociaciones encabezadas por Kelly Olmos, Itai Hagman, Andrea Freites, Paula Penacca, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Natalia Zaracho, Lucía Cámpora, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Gustavo Bordet.
Rosca política en el Congreso: la oposición dialoguista busca moderar la iniciativa
Para lograr los votos necesarios en la Cámara de Diputados, el peronismo inició conversaciones formales con bloques de la oposición dialoguista como Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, buscando confluir en un dictamen unificado de cara a la sesión de comisiones. Entre los legisladores convocados para la negociación destacan Pablo Juliano, Mónica Frade, Esteban Paulón, Nicolás Massot y representantes del espacio cordobés.
No obstante, las diferencias sobre la aplicación de topes directos a las tasas siguen vigentes. Juliano, interlocutor clave del espacio Provincias Unidas, no comparte la intervención estatal directa en las tarifas financieras y promueve, en su lugar, la creación de una instancia prejudicial que permita reordenar los pasivos de los usuarios sin saturar los tribunales judiciales ni sumar honorarios a montos menores.
El debate legislativo continuará este martes a las 14:00 horas en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. La jornada contará con la exposición de especialistas y referentes del sector, entre ellos Sebastián Barocelli, Inés Bienati, Vanesa Viviana Bitocco, Claudio Boada, Martín Burgos, Luci Cavallero, Ariadna Ciamarello, Oriana Fernández, Federico Ariel Kaniucki, Fernando Moyano, Isabel Novosad, Daniel Osvaldo Parise, Sol Prieto y Fernando Shina. Según el cronograma fijado por la Cámara baja, el dictamen definitivo sobre la morosidad familiar deberá firmarse el próximo martes 29 de septiembre a la misma hora.