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El Poder Ejecutivo presentó en el Senado un proyecto de ley para establecer las restricciones ante el avance del coronavirus que, entre sus previsiones, suspende las clases presenciales en los partidos que se encuentren en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”.

El proyecto faculta no obstante al Poder Ejecutivo, “previa consulta con el gobernador o la gobernadora de provincia y con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, a morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” por la propia ley “en virtud de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”.

La iniciativa cosechó la resistencia inicial de la oposición, que desde que el Gobierno anunció su plan de enviar la iniciativa al Congreso denunció que no le daría al Presidente “un cheque en blanco” ni aceptaría ratificar por ley los decretos que fueron objetados por Horacio Rodríguez Larreta, que obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema contra el cierre de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires.

El proyecto presentado por el Gobierno establece restricciones y faculta al Presidente a ampliar lo dispuesto por la ley en aquellos lugares “de alto riesgo sanitario y alarma epidemiológica”, con la condición de que exista una “previa consulta con las autoridades jurisdiccionales”.

La iniciativa establece reglas de conducta “generales y obligatorias” en todo el territorio nacional, como el uso de tapabocas en los espacios compartidos y el deber de las personas de mantener, entre ellas, una distancia mínima de dos metros.

A los efectos de establecer limitaciones más extremas, el proyecto diferencia tres categorías de departamentos o partidos, según el peligro por la incidencia del coronavirus: de “bajo riesgo”, de “mediano riesgo” o de “alto riesgo”. Con esta vara se mide a las localidades de más de 40.000 habitantes. También fija un parámetro diferenciado para los centros urbanos de más de 300.000 habitantes.

Así, los centros urbanos considerados de bajo riesgo serán aquellos cuyo cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y las dos semanas previas sea inferior a 0,8 y los casos confirmados cada 100.000 habitante no supere los 50, o cuando el primer cociente no sea superior a 1,2 y el segundo se encuentre entre 50 y 150.

Para quedar catalogados en la categoría de riesgo sanitario medio, los supuestos son tres supuestos. El primero, es que el cociente de la razón de casos confirmados acumulados se encuentra entre 0,8 y 1,2 y que el coeficiente de casos acumulados sobre 100.000 habitantes se encuentre entre 50 y 250. El segundo escenario se configurará cuando el primer indicador superan el nivel 1,2, pero el coeficiente sobre 100.000 habitantes no supere la cifra de 150 casos. Un tercer escenario posible es que el primer cociente sea menor a 0,8 y el segundo se encuentre entre 150 y 250 casos cada 100.000 habitantes.

Para que un centro urbano sea calificado como de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberán darse dos supuestos. En el primero, el cociente de casos de los últimos 28 días deberá ser superior a 1,2 y la incidencia de caso cada 100.000 habitantes estar por encima de 150. En el segundo escenario, el primer coeficiente se ubique por debajo de 1,20, pero el segundo ascienda a 250.

Por último, el proyecto establece que serán declarados en estado de “alarma epidemiológica y sanitaria” aquellos conglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes cuya incidencia supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al 80%.

Según el texto elaborado por el Gobierno, en los lugares de medio riesgo epidemiológico y sanitario serán las autoridades locales quienes dispongan las restricciones, temporales y localizadas en el ámbito de las menores unidades geográficas. En los lugares de alto riesgo epidemiológico y sanitario y de alarma epidemiológica y sanitaria, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer medidas “de forma razonable y proporcionada”, previa consulta con los gobernadores o el jefe de gobierno porteño, con intervención de la autoridad sanitaria nacional.

Fuente: La Nación

El alza es de 35% en siete tramos para llegar a poco más de $29.100 en marzo próximo. Y tiene impacto en el seguro de desempleo y planes sociales.

El Ministerio de Trabajo oficializó este miércoles la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), que será de 35% no acumulativo en siete cuotas hasta febrero de 2022. Lo hizo a través de la resolución 4, publicada en el Boletín Oficial, en la que detalla que los porcentajes y los montos de aumento para el nuevo piso de ingresos que impacta en unos 6 millones de personas.

El SMVyM es el haber mínimo para los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleador. Además, funciona como un indicador para cualquier juicio laboral por empleo no registrado.

También suele tomarse como referencia para los ingresos de aquellos sectores informales (que representan el 40% de la economía) e impacta en los montos que reciben mensualmente los 870.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y de las más de 830 mujeres del plan Acompañar.

En la resolución se reforzó el carácter acordado del alza para el salario mínimo, tras tres años en los que el Estado tuvo que laudar por diferencia entre las partes. Con la medida, el piso de ingresos subió 9% en los sueldos de abril, hasta $23.544, e irá subiendo hasta llegar a $29.160 para febrero de 2022. También se acordó una revisión en septiembre próximo:

Así, como informó Tn.com.ar, los aumentos quedarán mes tras mes de la siguiente forma:

Abril: $23.544;
Mayo: $24.408;
Junio: $25.272;
Julio: $25.920;
Agosto: $27.000;
Noviembre: $28.080;
Febrero 2022: $29.160.

Por el alza en los salarios “de base”, subirá también la prestación por desempleo, que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) que hacia febrero tendrá un rango de $8100 y $13.500.

El incremento en el salario mínimo tiene su correlato en dos planes de asistencia económica que puso en marcha el Gobierno en los últimos meses, tras el abandono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Estos son Potenciar Trabajo y Acompañar, atados a la evolución del SMVyM.

El Potenciar Trabajo, que depende de Desarrollo Social, paga 50% del salario mínimo, mientras el Acompañar es equivalente a un salario mínimo por seis meses. De esta manera, los incrementos del Potenciar Trabajo, mes tras mes, quedará de la siguiente manera:

Abril: $11.772;
Mayo: $12.204;
Junio: $12.636;
Julio: $12.960;
Agosto; $13.500;
Noviembre; $14.040;
Febrero 2022: $ 14.580.

El Diputado Nacional Ignacio «Nacho» Torres, presentó un pedido de informes solicitando al gobierno nacional que explique las disminuciones de créditos presupuestarios que afectan a obras públicas en la provincia del Chubut.

Torres indicó que mediante Decisión Administrativa N.º 281/2021 el ejecutivo nacional realizó diversas modificaciones presupuestarias, disminuyendo los fondos previstos para la provincia del Chubut por un total de $382.908.302.

A tal efecto mencionó que «Por un lado se anuncian constantemente obras que no están en el presupuesto y básicamente nos mienten a los Chubutenses en cada acto que aparece un funcionario nacional», y agregó, «Peor aún, ahora recortan a dedo obras que están en marcha, que ya se ven altamente perjudicadas porque la inflación es la que achica mes a mes el presupuesto asignado».

Asimismo, el Diputado manifestó que «El recorte es fundamentalmente en obras de mantenimiento de rutas en todo el territorio chubutense, algo que resulta más que importante considerando las distancias que unen a cada ciudad, y básicamente por la conexión comercial que comprende cada camino».

Por otro lado, en el pedido de informes se destaca que algunos programas nacionales se incrementaron en términos de créditos presupuestarios, y sin embargo, se realiza un fuerte recorte en obras asignadas para la provincia del Chubut. Entre ellos, cabe destacar por ejemplo el Programa 26 de Ejecución de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red del Sistema de Gestión Integral, el Programa 42 de Construcción de Autopistas y Autovías, y el Programa 49 de Reparación, Construcción de Puentes y Alcantarillas, y el Programa 51 de Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial.

Finalmente, Torres expresó que «Lamentablemente estamos acostumbrados a enterarnos de este tipo de maniobras leyendo el Boletín Oficial, pero vamos a seguir controlando y pidiendo respuestas para los Chubutenses que esperamos que las obras se empiecen y se terminen, algo que parece increíble que tengamos que estar pidiendo que se haga».

El Gobierno nacional definirá este viernes las medidas que regirán durante las próximas dos semanas en el marco de la segunda ola de la pandemia que atraviesa al país.

En ese sentido, se espera la emisión de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que comenzará a regir a la hora 0 del sábado, informaron fuentes oficiales a la agencia Télam.

En ese marco, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, planteó la necesidad de «bajar la curva de coronavirus» y «no sólo lograr que dejen de crecer» los contagios.

En un vacunatorio en el Parque de la Cervecería Quilmes, junto a la intendenta local Mayra Mendoza, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, destacó la importancia del encuentro en el que estuvo ayer con el presidente Alberto Fernández y contó que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, les explicó «de manera muy cruda que la situación es muy preocupante».

Kicillof subrayó que hay que «recudir la velocidad de contagio, no sólo de aplanar la curva» y remarcó que «30 mil casos, significa una cantidad de enfermos graves y fallecidos».

Analizó que «no nos podemos resignar a la que la gente se contagie», recordó que «ya una parte del sistema de salud de la Capital desbordó» y planteó que así «no hay sistema que aguante».

También contó que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó que la Ciudad Autónoma «tiene ocupado el 84% de las camas del sistema de salud público y el 88% del privadas», con lo cual la capacidad «ya está llena» y analizó que «con esos márgenes no se pude brindar atención».

Y planteó que «CABA tiene el sistema más robusto de la Argentina, con 33 hospitales municipales que antes eran nacionales» y se preguntó: «Si eso está colmado, ¿qué le queda al resto el país?».

«Hace falta bajar la curva, lo dijo hasta el propio jefe de Gobierno (porteño), Horacio Rodríguez Larreta», expresó Kicillof y apuntó que desde el Gobierno se busca «coordinar con la Ciudad».

En tanto, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires analiza restringir el horario comercial, reforzar los controles en el transporte con cierres de pasos vehiculares con el Conurbano e incorporar la educación virtual para alumnos de la secundaria.

Las nuevas restricciones fueron examinadas en la sede del Ejecutivo porteño, en el barrio de Parque Patricios, por distintos funcionarios de la gestión que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, serán definidas mañana luego de los anuncios que se esperan den a conocer desde el Gobierno nacional, indicó la agencia Télam.

Entre el martes y ayer, Fernández habló por videoconferencia con los mandatarios de las 24 jurisdicciones y sostuvo que la premisa «es bajar la cantidad de contagios».

Una nueva marcha contra el Gobierno nacional por las restricciones impuestas para frenar el crecimiento de casos de COVID-19 en la segunda ola se desarrolla este sábado 17 de abril en la Ciudad de Buenos Aires y otros centros urbanos del país.

La manifestación opositora reclama contra la decisión del presidente Alberto Fernández de volver a restringir actividades y la circulación nocturna. Pero el principal reclamo es por la suspensión de clases presenciales en el AMBA.

En ese marco, la Coalición Cívica criticó la suspensión de clases presenciales decidida por el Gobierno ante el crecimiento de casos de coronavirus en la segunda ola y afirmó que «el daño que estas medidas le provocan a los niños es irreparable».

El partido que lidera Elisa Carrió cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández y reconoció el reclamo de la no suspensión de clases como «válido y justo», aunque advirtió que la marcha «debe ser pacífica», en la previa de una nueva manifestación contra el Gobierno.

Alberto Fernández destacó el acatamiento a las restricciones: «Agradezco que me ayuden»

«El daño que estas medidas le provocan a los niños es irreparable, en especial a los que más padecen la pobreza en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», sostuvo el partido presidido por el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

Mediante un comunicado, el partido sostuvo que «frente a las reiteradas medidas injustas e inconstitucionales decretadas por el Poder Ejecutivo, muchos argentinos angustiados ven en la desobediencia civil el camino para defender la educación de sus hijos y sus fuentes de trabajo» y subrayó: «Este es un reclamo valido, justo y debe ser pacífico».

«Exhortamos a transitar estos momentos difíciles en paz y sin violencia, tomando todos los recaudos de cuidado personales (distanciamiento, higiene y barbijo)», expresaron las autoridades de la Coalición Cívica.

Por último, dedicaron un párrafo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien dijeron que «no tiene poder, pero sí una actitud y capacidad de daño inconmensurable» y subrayaron: «Como ya lo hemos manifestado, creemos que en estos tiempos tan difíciles es necesaria mucha lucidez y serenidad para preservar la Nación».

Republicanos Unidos estará presente en la marcha contra el Gobierno

Adherentes y referentes del partido “Republicanos Unidos” dicen presente en la marcha “17A”, organizada para manifestar en contra de las restricciones dispuestas por el gobierno nacional. Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, Agustín Etchebarne y Marina Kienast son algunos de los referentes que están presentes en la tarde de este sábado.

Al respecto de la convocatoria, Yamil Santoro, vicepresidente del partido y precandidato a diputado nacional por CABA, expresó que “nos encontramos hoy para reclamarle a este gobierno que no recurra al autoritarismo para enfrentar un problema de todos los argentinos. Sin lugar a dudas la pandemia requiere responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pero no vamos a resolver los problemas que tenemos robándole la educación a nuestros hijos, ni destruyendo al sector gastronómico o el de entretenimientos, que tanto trabajo genuino generan. Tampoco militarizando las calles”.

Clases presenciales en CABA: protestas y reclamos judiciales de padres autoconvocados

Santoro agregó que, además de las marchas, tomarán acciones “en el frente judicial” para evitar que el gobierno nacional siga profundizando el camino que encaró. Con la constitución de nuestro lado, digámoslé basta”.

“Republicanos Unidos” fue el primer espacio en presentar una denuncia para que sea investigado el escándalo del Vacunatorio VIP. Firmada por el vicepresidente del espacio, Yamil Santoro, el diputado nacional José Luis Patiño y el coordinador de la Juventud del Partido Rodrigo Forlenza, la causa está a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti.

El diputado Santiago Igon destacó los aportes del Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia de los incendios en la Comarca Andina y calculó que la inversión del Estado supera los 5 mil millones de pesos. Mencionó la puesta en marcha de planes habitacionales, ayuda social, beneficios para el turismo y obras en materia de servicios públicos.

De visita en la redacción de diario La Portada, Igon repasó la agenda de actividades que compartió la pasada semana en Buenos Aires junto a intendentes de localidades afectadas por los siniestros ígneos. Hubo reuniones con varios funcionarios nacionales e incluso una cumbre con el propio presidente Alberto Fernández.

El legislador por Chubut destacó los alcances de esta gira por despachos importantes de la Casa Rosada y dejó en claro rápidamente que desde un primer momento “nos propusimos tratar de llegar con algún tipo de respuesta” concreta a la población afectada por una catástrofe calificada de “inédita en Latinoamérica”.

Remarcó que con el Ministerio de Desarrollo Social trabajan beneficios -sobre todo- destinados a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad y no son sujetos de crédito. Se trata de un universo de vecinos que no poseen un empleo formal y que no tienen capacidad adquisitiva para recomponer su situación.

Luego precisó que en materia de soluciones habitacionales existen tres alternativas: módulos de emergencia que ya están levitándose en los aserraderos de la zona; otra variante atiende las viviendas que no fueron consumidas en su totalidad; y la tercera pata apunta a la construcción de casas de 65 metros cuadrados.

Dijo que la medida beneficia a cerca de 500 familias en Lago Puelo y una treintena en El Hoyo. “El Estado llegará a la totalidad de los damnificados. En esta ocasión se destinará alrededor de 2150 millones de pesos”, realzó, valorando asimismo el rol del Ministerio del Interior para “abrir puertas” de los municipios en los diversos organismos.

Subrayó, a su vez, las gestiones ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y añadió que “aceleramos los proyectos” presentados previamente a los incendios en el marco del Argentina Hace. “Es en la búsqueda de generar empleo y al mismo tiempo mejorar la infraestructura con, por ejemplo, la captación de agua de tomas inutilizables”, acotó.

Entendió que luego de los lamentables incendios es momento de llevar adelante una reconstrucción capaz de contemplar las obras que desde hace muchos años requiere la Cordillera, haciendo foco en el tendido eléctrico. “Se está trabajando para que todo eso vaya soterrado”, manifestó en la charla con este medio.

Por otro lado, reveló que acordaron con el Ministerio de Turismo -a cargo de Matías Lammens- “la posibilidad de que los cabañeros den alojamiento a quienes perdieron sus casas”. El alquiler lo pagará el propio organismo. Confió que tras un relevamiento, el sector privado mostró buena predisposición para sumarse al convenio.

Haciendo una cuenta rápida sobre el aporte económico del Gobierno, a través de los ministerios, y teniendo en consideración desde la construcción de una vivienda, pasando por la entrega de herramientas, hasta la duplicación de jubilaciones y obras, recalcó que “estamos cerca de los 6 mil millones de pesos” para la Comarca Andina.

Con el presidente

Rescató además el encuentro entre los intendentes y Alberto Fernández en Casa Rosada. “No debemos olvidar que a los pocos días de los incendios, el mandatario nacional se hizo presente en la Comarca junto a una comitiva. Más allá de lo que ocurrió ese día, marca el compromiso en la reconstrucción”, ponderó.

Reveló que en la reunión, el Presidente de la Nación indagó fundamentalmente sobre “cómo estaban los vecinos” de la Cordillera y “el clima emocional”. Después “se mostró expeditivo y pragmático respecto a cuál es la necesidad más urgente a resolver. Ahí estuvimos de acuerdo que pasa por la energía, el agua y las viviendas”, amplió.

Relación con provincia

Tras la fallida visita de Alberto Fernández a Lago Puelo, mucho se habló sobre la relación entre Nación y Provincia. Consultado al respecto, Igon respondió que “la situación no amerita resentimiento de ningún tipo. En lo personal estoy en comunicación permanente con funcionarios provinciales. Incluso Eduardo “Wado” de Pedro recibió días atrás al gobernador Arcioni”.

“No hay lugar para el enojo. Hay que seguir trabajando”, reiteró en diálogo con diario La Portada, agregando que “el día que pongamos el último clavo nos sentaremos a hablar. Ahora “debemos articular el doble. Hoy la prioridad son los vecinos”, completó el diputado.

En la reunión de ayer convocada por Sergio Massa hubo coincidencias en priorizar la cuestión sanitaria en el marco de la ola de contagios. En ese sentido, Wado de Pedro acordó con los referentes del bloque de Juntos por el Cambio, avanzar en la conformación de una comisión de seguimiento de la pandemia integrada por las distintas fuerzas con representación en el Congreso.

Esta comisión además, está pensada para monitorear y analizar los distintos indicadores de salud, y también las acciones con el Comité Operativo de Emergencia (COE): Tratar la lucha contra la pandemia en una cuestión de Estado sacándola de la especulación política, les expresó Wado.

En la reunión también se discutieron algunos proyectos de reforma electoral, dejando en claro que es el Congreso el responsable de legislar en esta materia, como fija nuestra Constitución. Se habló puntualmente del proyecto de un sector del radicalismo (de Emiliano Yacobitti y Carla Carrizo) que propone la postergación de un mes de las PASO y la elección general.

En base a eso, el ministro -tal cual se comprometió en el encuentro- envió a las autoridades del bloque de JxC una propuesta borrador para modificar el calendario electoral “por única vez” y “en contexto de pandemia”, con el objetivo de que sea discutido por las distintas fuerzas que integran la coalición.

EL PROYECTO PROPONE:
Fechas:

PASO: 12 de septiembre
Generales: 14 de noviembre

Oficialización de listas y candidaturas/Inicio de campaña: 45 días antes de la elección

PRINCIPALES FUNDAMENTOS
“Este aplazamiento permitirá dejar atrás el período de bajas temperaturas y mayor circulación de enfermedades respiratorias y avanzar en la campaña de vacunación”.

“Además, las fechas propuestas permiten respetar todos los plazos fijados por el Código Nacional Electoral, salvo dos excepciones: con el propósito de garantizar un plazo suficiente para la realización del escrutinio definitivo de las PASO, el proyecto propone reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos”.

“En un régimen democrático representativo y republicano, la pandemia nos plantea el desafío de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos y la transparencia del proceso electoral en un contexto excepcional en el que debemos evitar la aglomeración de personas y su desplazamiento en transporte público y a su vez implementar las medidas sanitarias necesarias para contener la propagación del virus”.

Por otra parte, ante el planteo del bloque de Juntos por el Cambio de realizar una serie de reformas al sistema electoral, el Ministro aclaró que los cambios en la metodología son impracticables con un calendario electoral en marcha. No obstante, se resolvió avanzar en la integración de una comisión para que el Congreso y el Ejecutivo discutan propuestas para mejorar el sistema electoral argentino.

Después de la reunión que mantuvo este martes con las autoridades de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno prepara un DNU con nuevas restricciones para mitigar la segunda ola de la pandemia, que tiene como epicentro al AMBA. El paquete de medidas incluirá limitaciones a las reuniones sociales y al funcionamiento de bares y restaurantes. Este último punto todavía es objeto de debate y genera discrepancias entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En la tarde del lunes, las autoridades confeccionaron un semáforo epidemiológico donde determinaron zonas rojas, amarillas y verdes. En base a estos parámetros se aplicarían las restricciones que quedarán plasmadas en el decreto que el presidente Alberto Fernández debe poner en vigencia el viernes, cuando finalice el último período de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO).

Noticia en Desarrollo

Fuente: TN

La verificación física es una revisión que se realiza en cada vehículo para constatar que el número de motor, de chasis y el tipo de automotor correspondan con lo especificado.

El Gobierno amplió el período de obligatoriedad para practicar las verificaciones físicas de los autos y motos, que comenzará a regir desde el lunes próximo y constituye un trámite indispensable para la transferencias. La verificación física es una revisión que se realiza en cada vehículo para constatar que el número de motor, de chasis y el tipo de automotor correspondan con lo especificado en la documentación de la unidad.

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) -organismo que depende del Ministerio de Justicia- dispuso que a partir del 5 de abril próximo será obligatorio verificar en los trámites de transferencias de automotores inscriptos inicialmente a partir del 1° de enero de 2001, y también en las de motovehículos de fabricación nacional inscriptos a partir del 1° de enero de 2004. Las verificaciones físicas se efectúan en plantas que están a cargo de peritos de las distintas policías del país, autorizados por la DNRPA.

Este tipo de verificaciones forma parte de la numerosa cantidad de trámites que acompañan la vida de un vehículo, pero nada tiene que ver con la más conocida Verificación Técnica Vehicular (VTV), que se realiza anualmente. La DNRPA está facultada para verificar o disponer que se verifique que los automotores no hayan sufrido cambios o adulteraciones en las partes que los conforman como tales.

Así, la verificación física de los automotores y motovehículos resulta ser la herramienta que permitirá conocer la existencia de inconsistencias entre la documentación registral y lo que efectivamente refleje el automotor.

Todas las medidas tomadas «están dirigidas a alcanzar, de manera más acabada, los estándares de seguridad jurídica que el Sistema Registral de Automotores debe brindarle a los ciudadanos y las ciudadanas», señaló la titular de la DNRPA, María Doro Urquiza.

Por otra parte, el organismo recordó que también desde el lunes próximo las Cédulas de Identificación de los Automotores y Motos, conocidas habitualmente como «Cédulas Verdes» volverán a tener una vigencia de un año desde su expedición y no de tres, como había dispuesto en su momento el Gobierno anterior.

«Resulta oportuno establecer el plazo de vigencia de un año para las Cédulas de Identificación del Automotor, tal como rigió por más de diez años hasta la modificación; en virtud de robustecer la seguridad jurídica, otorgando claridad y transparencia tanto a la información procedente en los legajos de los dominios, como a la documentación que se les entrega a los usuarios», expresó Doro Urquiza.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará hoy una nueva reunión del Gabinete Económico, informaron fuentes oficiales.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará hoy una nueva reunión del Gabinete Económico, informaron fuentes oficiales.

El encuentro se desarrollará a las 10.30 en Casa Rosada y participarán la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni.

También lo harán el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.