La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver dos conflictos de competencia judicial que involucran a la máxima conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
Tras ocho meses de idas y vueltas entre juzgados federales, de instrucción, penal económico y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de Campana, el máximo tribunal tiene en sus manos una causa por presunta defraudación y desvío de fondos. A este expediente podría sumarse otra investigación por la compra de una propiedad en la localidad bonaerense de Pilar. La estrategia defensiva de la AFA apunta a concentrar las actuaciones en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
La causa por la quinta de Pilar y el recurso ante la Corte
La investigación sobre el predio de Pilar busca determinar si la propiedad pertenece a Pablo Toviggino mediante el uso de posibles testaferros, dado que figura a nombre de una persona jubilada y de un monotributista.
Aunque la Cámara Federal de Casación —con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— ordenó remitir el expediente al juzgado de Campana, la fiscalía presentó objeciones:
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Recurso extraordinario: El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, recurrirá la resolución ante la Corte Suprema antes del vencimiento del plazo fijado para el 31 de agosto.
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Intervención del máximo tribunal: De ser admitido el planteo, la Corte deberá definir qué juez resulta competente para continuar la causa, un tipo de intervención poco habitual para el tribunal pero impulsado por el estancamiento de la investigación.
La denuncia por US$42 millones y el criterio de jurisdicción
El otro expediente elevado a la Corte corresponde a la denuncia presentada por el empresario Guillermo Toffoni por un presunto desvío de aproximadamente US$42 millones. La causa involucra a la cúpula directiva de la AFA y a la firma Tour ProdEnter LLC, vinculada a Erica Gillette y al productor teatral Javier Faroni.
El conflicto de competencia llegó al máximo tribunal hace cuatro meses tras un fallo de la Cámara del Crimen, con el voto del juez Ignacio Rodríguez Varela. En la antesala de la resolución, la Corte solicitó la opinión del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, cuyo dictamen determinará si la investigación permanece en la Justicia ordinaria de instrucción de la Capital Federal o si se traslada al fuero federal.
La resolución que adopte el tribunal fijará la jurisdicción para el resto de los procesos abiertos contra la dirigencia del fútbol argentino, delimitando si las causas deben tramitarse según el domicilio efectivo de la asociación en la Ciudad de Buenos Aires o en sedes federales de la provincia de Buenos Aires.