Un tribunal federal del estado de Texas, Estados Unidos, declaró culpable al empresario argentino Federico «Fred» Machado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.
La resolución fue adoptada por el juez federal Amos L. Mazzant III, quien dio curso a la recomendación formulada por el magistrado Don Bush tras la admisión explícita de responsabilidad por parte del acusado.
Con la declaración de culpabilidad formalizada, el proceso judicial ingresó en la etapa de fijación de pena. Aunque los delitos atribuidos contemplan un tope de hasta 20 años de prisión, sumado a multas y el decomiso de bienes, la condena definitiva aún no fue establecida por la Justicia norteamericana.
Cambio de estrategia y maniobras con aeronaves
Inicialmente, Machado se había declarado inocente al momento de comparecer ante las autoridades judiciales de Estados Unidos. Sin embargo, con el transcurso de la causa modificó su estrategia legal y alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal.
En ese marco, reconoció haber captado millones de dólares de inversores privados mediante la supuesta compraventa de aeronaves que no se encontraban disponibles para su comercialización. Las operaciones se concretaban a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, respaldadas por una sociedad radicada en el estado de Oklahoma.
Como parte del pacto suscrito entre la defensa y los fiscales, la acusación retiró el cargo vinculado al narcotráfico internacional, acotando el expediente a las maniobras de fraude electrónico y lavado de activos.
El nexo con la Argentina y la causa judicial contra Espert
El expediente tramitado en Texas guarda una vinculación directa con la política argentina. Entre los elementos probatorios presentados por la fiscalía figura una transferencia bancaria por 200.000 dólares destinada a José Luis Espert, cursada a través del Bank of America y asociada a una aeronave con matrícula N28FM, utilizada por el empresario en sus traslados al país.
Dicha transacción forma parte de las actuaciones que instruye el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa paralela donde el actual legislador se encuentra imputado por presunto lavado de dinero.
En tanto, la defensa de Machado solicitó al tribunal estadounidense que reconozca los períodos de privación de la libertad que el acusado cumplió previamente. El pedido incluye el tiempo transcurrido en una penitenciaría de Oklahoma y los cuatro años de prisión domiciliaria que afrontó en Viedma tras su detención en Bariloche en 2021.