El Congreso de la Nación se convirtió en un verdadero campo de batalla ideológico y tecnológico. En medio de un clima de extrema tensión política, la Cámara Alta dio inicio al debate por la ambiciosa reforma integral de la Ley General de Sociedades que promueve el Poder Ejecutivo.
La incorporación de figuras futuristas como firmas autónomas gestionadas exclusivamente por algoritmos desató una ola de acusaciones cruzadas, gritos y reproches que paralizaron la atención parlamentaria, dejando en evidencia las insalvables distancias entre el oficialismo y la oposición respecto al control del capital privado en el país.
Escándalo y gritos en vivo: la furiosa embestida de Patricia Bullrich
La Comisión de Legislación General, bajo la conducción de la senadora oficialista Nadia Márquez, fue el escenario de un durísimo enfrentamiento verbal que rozó el escándalo personal. El debate sumó una altísima temperatura política cuando la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se cruzó de manera violenta con el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el kirchnerismo, Ricardo Nissen, quien acudió como expositor propuesto por el peronismo para despedazar el proyecto redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Nissen destrozó la iniciativa oficialista al asegurar que la propuesta es «la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y los trabajadores nunca disfruten nada». El ex funcionario justificó además su antigua decisión de bloquear las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) creadas en la gestión de Mauricio Macri por considerarlas cuevas para el lavado de dinero y la evasión fiscal. Bullrich contraatacó con dureza, acusándolo de actuar por «estricta militancia política» y de violar sus funciones al suspender de forma ilegal una ley nacional en el ámbito porteño, disparando que «el acusador termina siendo acusado» por una causa judicial. La chicana provocó gritos e interrupciones del peronismo, forzando a Márquez a intervenir para impedir que Nissen respondiera.
El fin de los empleados: el plan de Sturzenegger para las firmas robóticas
La reforma busca reemplazar por completo la normativa vigente desde 1972 mediante la introducción de la «Sociedad Automatizada», un modelo diseñado para operar netamente a través de inteligencia artificial y algoritmos sin la necesidad de requerir personal humano para su funcionamiento habitual. Asimismo, la ley incluye a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras corporativas que funcionan de forma independiente utilizando registros en la tecnología blockchain y cuotas de participación representadas en tokens. La premisa clave de Sturzenegger es pulverizar la tutela del Estado, permitiendo que las disposiciones de la ley tengan carácter netamente supletorio y prevalezca de forma absoluta la voluntad plasmada en el estatuto privado de cada comercio.
El proyecto cosechó marcados respaldos y duras advertencias técnicas. A favor del cambio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, garantizó que la norma mantiene intactos los estándares internacionales contra el lavado y moderniza el control con legajos públicos digitales. En igual sintonía, el CEO de Satellogic, Emiliano Kargieman, tildó de «histórica» la oportunidad institucional para captar inversiones globales, mientras que el académico Sebastián Balbín (Universidad Austral) y el especialista informático Sebastián Heredia Querro coincidieron en que es urgente dotar de infraestructura jurídica del siglo XXI a las pymes frente al mercado internacional. En la vereda de enfrente, los jueces Julián Flores y la fiscal general Gabriela Boquín rechazaron de plano la redacción actual; Boquín advirtió con tono severo que «simplificar no es desregular» y lanzó una bomba jurídica al afirmar que, si este marco legal hubiese estado vigente en el pasado, la Argentina habría perdido definitivamente el multimillonario juicio por la estatización de YPF.