En la primera prueba de fuego del nuevo esquema político diseñado por la Secretaría General de la Presidencia para reordenar la gestión libertaria y apuntalar la futura reelección de Javier Milei, la Casa Rosada debió enfrentar un contratiempo no contemplado en el Senado.
Tras el fallido intento de sostener el texto completo de la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, Karina Milei decidió apelar al pragmatismo y respaldó las gestiones de su jefe de Gabinete, Diego Santilli, para autorizar a Patricia Bullrich a retirar el capítulo relativo a la extranjerización de tierras y evitar así el naufragio total de la iniciativa impulsada por el Consejo de Mayo.
El paso en falso parlamentario terminó por ratificar la postura adoptada por la funcionaria, quien ante distintos interlocutores del oficialismo y la oposición venía marcando la nueva línea de mando interna con una indicación precisa: “todos los temas de la política” deben “hablarlo con Diego”.
La instrucción busca encauzar los arrebatos técnicos y normativos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sindicado en los pasillos de la Casa Rosada como el redactor de los agregados más polémicos al proyecto original enviado al Congreso.
Tensión interna por la falta de «filtro político» en los proyectos
En el Gobierno justificaron la celeridad de las concesiones en la Cámara Alta para salvar la aprobación en general. “Se hizo todo lo que estaba al alcance para salvar el proyecto completo pero ni Diego ni Patricia (Bullrich) pueden hacer magia”, argumentaron fuentes oficiales a Clarín, dejando en evidencia la falta de un examen político previo sobre la letra redactada por Sturzenegger. “Lo validó mano a mano con Javier, que por supuesto comparte la filosofía de atraer inversiones pero delega en el equipo el timing de cada proyecto”, agregaron respecto al origen de la propuesta.
El malestar con el ministro de Desregulación no es nuevo. En simultáneo con el debate en el Senado, la Casa Rosada debió encarar otra marcha atrás tras las protestas en los puertos del país generadas por un decreto de su autoría que buscaba desregular el servicio de practicaje.
La acumulación de tensiones derivó en un reproche transversal dentro del Poder Ejecutivo. Un integrante del Gabinete graficó el malestar generalizado: “Esto nos sirve para aprender a todos. Tiene que ser la última vez que alguien, sea Federico o cualquiera, entra a ver al Presidente y sale sin filtro con un proyecto para mandar al Congreso. De acá hasta la elección tenemos que jugar todos en bloque”.
Desde el entorno directo de Karina Milei cuestionaron el mecanismo de gestión directa que utilizan algunos funcionarios como escudo. “No pueden decir que lo validaron con el Presidente. Hacen una de más y encima no lo cuidan. No les gusta jugar en equipo, quieren ser libre pensadores”, razonaban con fastidio fuentes del karinismo.
A las críticas sobre la redacción de la norma se sumó el reproche por la falta de defensa pública del proyecto durante el trámite legislativo. “Fue a presentarlo al Congreso pero cuando nos empezaron a entrar todas las piñas no ayudó en nada”, sostuvo una alta fuente oficial. El episodio salpicó también al canciller Pablo Quirno, quien salió a respaldar la medida en entrevistas públicas y reconoció que el texto habilitaba a que un extranjero pudiera comprar un pueblo o una provincia entera.
La nueva regla de la Casa Rosada: el rol central de Santilli
Para evitar nuevas complicaciones parlamentarias que comprometan los acuerdos electorales con los gobernadores y la agenda legislativa del Presidente, la conducción de la Casa Rosada estableció una nueva directiva de trabajo para todo el equipo de ministros: “Salvo Toto (Luis Caputo), todos los proyectos primero tienen que pasar por el despacho de Diego (Santilli), antes y después de hablarlo con el Presidente”.
En el armado que encabeza Karina Milei destacan que el jefe de Gabinete “se ganó la confianza” para coordinar la estrategia junto al tándem integrado por Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem. El objetivo primordial de la cúpula oficialista es cuidar las alianzas provinciales y no arriesgar la construcción de acuerdos políticos de cara a los próximos desafíos electorales.