Un polémico episodio en las aulas de una escuela formoseña desató una profunda crisis entre la administración central y el gobierno provincial.
A raíz de la viralización de un video que muestra a una funcionaria incitando a alumnos de primaria a encomiar la figura del gobernador Gildo Insfrán a cambio de insumos escolares, el Gobierno nacional intervino de manera firme exigiendo explicaciones y sanciones inmediatas.
El Ministerio de Capital Humano exige sanciones por gravedad institucional
A través de un comunicado emitido en redes sociales, la cartera que conduce Sandra Pettovello requirió formalmente al Ministerio de Educación y Cultura de Formosa que inicie una investigación exhaustiva para esclarecer el suceso, informe las acciones que tomará sobre los responsables directos y detalle los mecanismos preventivos para erradicar el adoctrinamiento político partidario de los establecimientos educativos.
La controversia se originó por una grabación registrada durante la visita de la delegada zonal Gladys Esther González a la EEP N°59 «Leonor Mauriño», en la localidad de Gran Guardia. En las imágenes se observa a la funcionaria interrogando a los estudiantes sobre quién provee los guardapolvos, zapatillas, útiles, leche y el comedor. Ante las respuestas heterogéneas, la delegada remarcó de forma incisiva: “El gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?”, logrando que los niños contestaran “Gildo Insfrán”, para luego subrayar que “eso es una decisión política del señor gobernador”. Al notar una falta de reacción entusiasta e inmediata de los niños, la funcionaria llegó a sugerirle a los docentes presentes que se trata de un «aspecto por trabajar». Ante esto, la Nación calificó la maniobra de «gravedad institucional», señalando que vulnera la neutralidad escolar y vulnera la libertad de conciencia de los menores.
Denuncias penales y severos cuestionamientos al sistema educativo formoseño
La repercusión política a nivel local no tardó en escalar. La presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Formosa, Agostina Villaggi, junto a la diputada provincial Carla Zaiser, denunciaron públicamente el adoctrinamiento y adelantaron que analizan junto a su equipo de abogados la presentación de acciones penales y administrativas. Zaiser sostuvo que existe una «bajada de línea» directa que busca influir tanto sobre el alumnado como sobre el cuerpo docente, advirtiendo que evaluarán si la conducta «se configura como un delito penal» o amerita un sumario administrativo.
Asimismo, la legisladora radical aprovechó para criticar el funcionamiento general del sistema educativo formoseño. Cuestionó con dureza la figura de los “coordinadores organizadores”, denunciando que tales nombramientos desplazan de forma irregular a docentes capacitados con orden de mérito y puntaje. En esa misma línea, Zaiser advirtió que las competencias otorgadas a los delegados zonales terminaron por marginar de sus funciones operativas a los supervisores escolares tradicionales.