Una medida de fuerza de alcance nacional paraliza de forma contundente los principales puertos de la Argentina tras la promulgación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno busca desregular el servicio de practicaje.
La protesta, encabezada por prácticos, pilotos y baqueanos desde el pasado sábado 1° de agosto, se extiende desde la ciudad de Ushuaia hasta la estratégica Hidrovía Paraná-Paraguay, comprometiendo de manera crítica la operativa logística y el comercio exterior del país.
Conflicto en la Hidrovía Paraná-Paraguay y la embestida judicial del gremio
El impacto de la medida paraliza de forma directa el Río de la Plata y el río Paraná, arterias fluviales por donde transita aproximadamente el 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, dejando sin operaciones a decenas de buques en las terminales agroexportadoras del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes. El decreto impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a suprimir las barreras de ingreso al sector, abaratar costos operativos, permitir la contratación directa y facultar a capitanes experimentados a navegar sin la obligación de contar con prácticos.
En respuesta a la medida oficial, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la normativa de «abusiva e inconstitucional». Por tal motivo, la entidad gremial confirmó que acudirá a la Justicia Federal mediante una Acción de Amparo y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, argumentando que la desregulación pone en riesgo inminente la seguridad náutica de las vías navegables.
Intimación de Prefectura y guardias mínimas para el sector energético
Frente al parate logístico y el riesgo de desabastecimiento, la Prefectura Naval Argentina reaccionó mediante la notificación de cédulas de «intimación perentoria» dirigidas a los profesionales para exigir la reanudación inmediata de las tareas bajo apercibimiento de ley, amparándose en que la actividad representa un servicio público esencial.
A pesar de las advertencias gubernamentales, los trabajadores ratificaron el lock-out, aunque establecieron guardias mínimas de excepción para la atención de buques petroleros y de gas licuado, evitando de este modo un colapso en la provisión energética nacional y previniendo posibles contingencias ambientales en los cauces de los ríos.