El senador nacional de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, rechazó las acusaciones de la senadora Juliana Di Tullio, quien solicitó su inhabilitación en la votación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La controversia surgió a partir de su vinculación con la firma Glocal Terra SRL, sociedad dedicada al asesoramiento de inversores extranjeros interesados en adquirir tierras rurales en Argentina.
“Un beneficio general no es un privilegio particular”, afirmó el legislador libertario al defender su participación en el debate parlamentario y descartar la existencia de un favorecimiento personal.
El senador figura como socio fundador de la empresa creada en 2020 junto a su esposa, Eloísa Perea Muñoz. La actividad comercial cobró notoriedad pública en las horas previas al tratamiento legislativo de la iniciativa, la cual originalmente incluyó un capítulo para modificar la Ley de Tierras. Dicho apartado buscaba elevar o eliminar el tope máximo actual del 15% para la tenencia de superficies en manos de extranjeros, aunque finalmente fue retirado del texto por falta de consensos con los bloques dialoguistas.
La respuesta en el recinto y la apelación al reglamento
En el marco de la sesión en la Cámara alta, Benegas Lynch hizo uso de la palabra para abordar la acusación formal y aclarar el origen de sus emprendimientos comerciales en el sector agropecuario.
“Fundé mi empresa en el 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años. La empresa se dedica a la administración de campos y el asesoramiento de compras de campos a argentinos y a extranjeros, producimos granos y carne”, detalló el legislador, y enfatizó que se trata de información transparente: “No es ningún descubrimiento, es público, está en mi DDJJ”.
Respecto al pedido planteado por el bloque opositor, sostuvo que las causales reglamentarias de excusación exigen un «interés directo y singular», condición que descartó para su caso particular.
“¿Beneficia a los empresarios que al campo argentino le vaya bien? Sí. Igual que a las cientos de miles de pymes agropecuarias del país, a sus empleados y a los pueblos que viven de ellas. Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular: no hay en esta ley una sola línea escrita para mi empresa, ni un permiso que yo obtenga y otro no”, argumentó.
En esa misma línea, atribuyó la impugnación a un ataque partidario: “Yo me metí en esto. Es parte del barro político y el cuero se me va a ir engrosando mientras enfrentemos a los que destruyeron a la Argentina por más de dos décadas”.
Un entramado societario con presencia en Salta y Entre Ríos
Más allá de la firma Glocal Terra SRL, el legislador libertario figura en otras estructuras empresariales vinculadas a la explotación inmobiliaria y agrícola. Entre ellas destaca la firma Finca Luracatao S.A., titular de un territorio en los Valles Calchaquíes (jurisdicción de los departamentos salteños de Cachi y Molinos), donde la sociedad mantiene disputas con comunidades originarias locales por derechos de explotación minera.
En el directorio de Finca Luracatao participa como socio Manuel José Biedma, exfuncionario del Ministerio de Transporte durante la gestión de Mauricio Macri, junto a Cecilia Durán López Lecube y sus familiares Margarita María Freixas López Lecube y José López Lecube.
En la provincia de Entre Ríos, sus antecedentes comerciales se remontan a 2007 mediante su incorporación a la inmobiliaria Pampa Partners, entidad asociada en su momento a The Conservation Land Trust (actualmente Fundación Rewilding Argentina, creada por Douglas Tompkins).
En tanto, el senador también administra Pampa Investment SAS junto al grupo familiar de su esposa, firma que integran además Fernando Pérez Muñoz, su exsocio Eduardo Choren y el abogado Fernando Mazzinghi.