La Legislatura de Chubut aprobó un pedido de informes sobre el proyecto del polo de inteligencia artificial.
La Cámara de Diputados de la provincia aprobó este jueves un nuevo pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para exigir precisiones técnicas, ambientales y económicas sobre el polémico proyecto orientado a instalar un centro de datos para el desarrollo de inteligencia artificial (Data Center) en territorio chubutense.
El requerimiento parlamentario, impulsado por la diputada Norma Arbilla, otorga un plazo perentorio de cinco días hábiles para que la administración central remita la documentación respaldatoria y los convenios suscriptos con las empresas involucradas.
Reclamo de transparencia y prudencia
Durante su alocución en el recinto, Arbilla aclaró que la solicitud apunta a garantizar que la totalidad del cuerpo legislativo cuente con la información necesaria sobre el estado de situación de una inversión que trascendió masivamente a través de los anuncios oficiales. La legisladora enfatizó la importancia de conocer los detalles de la radicación, las condiciones de emplazamiento y los requerimientos de infraestructura sin emitir juicios de valor anticipados.
Consumos estratégicos: energía y recursos hídricos
Uno de los ejes centrales del cuestionario apunta al altísimo impacto que este tipo de complejos tecnológicos genera sobre los recursos naturales y la matriz de servicios:
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Demanda eléctrica y energía nuclear: Se exige especificar las fuentes de abastecimiento proyectadas y confirmar de manera explícita si la iniciativa contempla el uso de generación nuclear mediante pequeños reactores modulares para sostener su funcionamiento continuo.
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Recurso hídrico: El texto requiere informes detallados sobre el volumen de agua necesario para la operación diaria y los sistemas de refrigeración, buscando asegurar que la megaobra no comprometa el suministro destinado al consumo humano ni a las actividades productivas regionales.
Costos fiscales y empleo local
En el plano socioeconómico, el pedido de informes aprobado por la Legislatura demanda precisiones sobre las concesiones otorgadas por el Estado provincial para captar la inversión:
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Beneficios fiscales: Se deberá detallar si existen exenciones impositivas, desgravaciones, cesiones de tierras o compromisos del Tesoro provincial para financiar obras de infraestructura vial o energética complementarias.
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Impacto laboral y ambiental: El Ejecutivo tendrá que informar el volumen de empleo directo e indirecto previsto tanto en la etapa de construcción como en la fase operativa, garantizando cupos para proveedores y mano de obra local. Asimismo, se exigieron los expedientes vinculados a las evaluaciones de impacto ambiental, posibles audiencias públicas y protocolos de ciberseguridad.