La Justicia federal dio un paso decisivo que sacude de manera directa las estructuras del fútbol argentino. El juez federal Ariel Lijo hizo lugar de manera integral a los requerimientos presentados por el fiscal Gerardo Pollicita y ordenó abrir de par en par las cuentas, declaraciones e historial financiero de Claudio «Chiqui» Tapia.
La resolución se enmarca en una causa penal que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, enfocando la lupa sobre la evolución de sus bienes durante la última década.
Cuentas al descubierto: las 20 medidas del juez Ariel Lijo
La determinación judicial implica la aprobación de las 20 medidas de prueba formuladas por la fiscalía con el objetivo central de determinar si existió un incremento patrimonial desmedido e injustificado. El magistrado autorizó formalmente el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero sobre Tapia, medida que permitirá a los investigadores acceder a la totalidad de sus declaraciones juradas presentadas entre los años 2016 y 2025.
El expediente judicial tuvo su origen en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló inconsistencias severas en las presentaciones patrimoniales del dirigente deportivo. Según la acusación, el mandamás de la Casa Madre del fútbol argentino habría registrado un salto superior al 1.000% en sus activos en un lapso de ocho años, una cifra que resultaría inconsistente con sus ingresos formales declarados en ese mismo período. Asimismo, la denuncia sostiene la hipótesis de que Tapia podría poseer bienes no declarados ante los organismos de control.
Criptoactivos, giros al exterior y la lupa sobre la Conmebol y la ARCA
El entramado de requerimientos ordenados por el juzgado busca reconstruir de forma minuciosa el mapa financiero del titular de la AFA. Para ello, se solicitaron informes oficiales a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para precisar los cargos desempeñados por Tapia en dicha entidad transnacional y los montos exactos percibidos en concepto de honorarios o viáticos. En paralelo, la Dirección Nacional de Migraciones deberá proveer el registro completo de sus movimientos de ingreso y egreso del país.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberán remitir reportes detallados sobre su situación fiscal, patrimonial y bancaria histórica. Entre los puntos más sensibles de la pesquisa, la Justicia instruyó rastrear eventuales giros de divisas hacia o desde el exterior, la titularidad de activos en el extranjero y la posible ejecución de operaciones financieras vinculadas con criptoactivos.