La crisis en la educación superior pública alcanzó un nuevo punto de máxima tensión en la Argentina.
Durante una multitudinaria jornada de protesta que incluyó clases magistrales a cielo abierto, servicios de atención comunitaria y exhibiciones científicas en plena Plaza de Mayo, los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzaron un duro ultimatum al Poder Ejecutivo conducido por Javier Milei: si no se garantiza la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario antes de la primera semana de octubre, se convocará a la quinta Marcha Federal Universitaria en todo el país.
Aulas abiertas en Plaza de Mayo: el reclamo salarial y científico copó la calle
La medida de fuerza, visibilizada frente a la propia Casa Rosada, comenzó desde primeras horas de la mañana y se extendió hasta la medianoche. La jornada contó con la participación directa de los 13 decanos de las facultades de la UBA, acompañados por docentes, no docentes y estudiantes. El gremio docente AGD-UBA convocó sus actividades a partir de las 11 en el marco del plan de lucha nacional, denunciando que a casi un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, la administración central continúa sin dar cumplimiento a la normativa vigente.
El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, advirtió durante la manifestación que la universidad pública sale a las calles para exponer una realidad que el Gobierno pretende ignorar, precisando que los trabajadores sufren un atraso salarial que exige una recomposición urgente del 33,4%, sumado a la necesidad de actualizar los montos de las becas estudiantiles. Además de las clases teóricas y prácticas, la movilización incluyó una amplia feria de prestaciones gratuitas para la ciudadanía —con atención odontológica, médica, óptica, veterinaria, asesoramiento legal, contable y contención psicológica—, así como la exhibición de avances tecnológicos de la institución, entre los que destacó un automóvil de carreras diseñado y construido íntegramente por docentes y alumnos.
Frenos judiciales, fallos desoídos y la amenaza del conflicto definitivo
El trasfondo legal del conflicto se remonta al decreto 759/2025, instrumento mediante el cual el Ejecutivo supeditó la ejecución de la norma a la especificación previa de sus fuentes de financiamiento. Frente a la demanda iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas casas de altos estudios, la Corte Suprema de Justicia dejó firme en junio una medida cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, ordenando la actualización salarial y el ajuste de becas. Posteriormente, el 1° de septiembre, el juez federal Cormick intimó al Poder Ejecutivo a ejecutar de forma inmediata las partidas de los artículos 4°, 5°, 6° y 7° —destinadas a funcionamiento, salarios, becas e investigación—, remarcando que el impacto fiscal global de la ley equivale a un 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Desde los sindicatos universitarios denunciaron que, ante las intimaciones del juzgado, la Casa Rosada responde con maniobras dilatorias y utiliza actas previas e incrementos calificados como «irrisorios» para sostener falsamente que ya ha cumplido la ley. Ante este escenario donde aseguran que «el Gobierno nacional sigue en falta y el sistema judicial se lo permite», confirmaron que la falta de respuestas definitivas desencadenará la marcha federal el próximo mes.
La postura de la Casa Rosada: equilibrio fiscal y discusión en el Congreso
Por su parte, la respuesta oficial del Gobierno nacional llegó a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien rechazó tajantemente las acusaciones de desfinanciamiento y afirmó que la educación continúa siendo una prioridad para la gestión. El funcionario argumentó que los sueldos docentes recibieron un incremento del 24% y enfatizó que, a diferencia de períodos anteriores, la inflación ya no licúa las partidas presupuestarias mes a mes.
Ravier cuestionó el accionar del Poder Legislativo al señalar que la oposición aprobó normativas que rompieron el ancla fiscal sin definir el origen de los recursos para sostener el gasto sin recurrir a la emisión ni a la deuda. Asimismo, el portavoz remarcó que el ámbito institucional correspondiente para debatir el presupuesto de las universidades es la discusión del Presupuesto en la Cámara de Diputados, sosteniendo que hasta el momento el Estado nacional ha cumplido con la legislación y el presupuesto formalmente vigentes.