En medio de una jornada de alta convulsión política e institucional, la oposición parlamentaria salió al cruce de manera directa tras la polémica resolución de la Justicia.
El bloque justicialista en la Cámara de Senadores de la Nación presentó formalmente un proyecto de ley para derogar el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y restituir plenamente la histórica Ley de Tierras, con el objetivo firme de volver a imponer duras restricciones a la adquisición de campos e inmuebles rurales por parte de firmas e inversores extranjeros.
La iniciativa legislativa fue impulsada fuertemente por la senadora Juliana Di Tullio, contando con el acompañamiento decisivo del titular de la bancada del PJ, José Mayans, y del referente de Justicia Federal Social, Fernando Salino.
El rechazo al fallo de la Corte y el peligro del despojo territorial
Esta avanzada parlamentaria del peronismo se desató inmediatamente después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la vigencia del artículo 154 del DNU presidencial. En los duros fundamentos del proyecto, los senadores advirtieron sin rodeos que «el suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional, el desarrollo productivo y la autodeterminación de los pueblos».
Asimismo, el escrito alerta que la anulación del marco regulatorio vía decreto expone a la Argentina a una peligrosa «especulación inmobiliaria internacional sobre sus activos más preciados, tales como las fuentes de agua dulce, las zonas fronterizas y las tierras agrícolas». En ese sentido, los legisladores calificaron como «inaceptable que la Corte le niegue legitimación a quienes arriesgaron su vida en defensa de la Patria y sostenga que la soberanía territorial no es un bien colectivo», subrayando que el Congreso debe asumir con urgencia su responsabilidad constitucional como garante fundamental del dominio público.
El antecedente en el Senado y el rol clave de la Cámara de Diputados
La presentación busca destrabar un letargo legislativo de más de dos años. Vale recordar que el Senado ya había votado mayoritariamente por el rechazo del DNU 70/2023 en marzo de 2024. Sin embargo, el megadecreto del Poder Ejecutivo —que abarca la modificación o anulación de más de 300 normas, incluyendo la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la desregulación económica general— continúa plenamente vigente debido a que la Cámara de Diputados nunca llegó a tratarlo ni definir su invalidez en el recinto.
Ante este vacío y la desprotección judicial señalada por la bancada opositora, el peronismo busca restituir por ley la vigencia de la protección del territorio patrio y evitar que los recursos estratégicos del país queden a merced del capital transnacional.