El gobernador de La Rioja declaró la emergencia económica, crediticia y social por 180 días. La medida crea un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo con el objetivo de frenar prácticas abusivas y resguardar los ingresos familiares.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1293/2026, mediante el cual se establece un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo. La normativa declara la emergencia económica, crediticia y social por un plazo de 180 días para intervenir ante el creciente endeudamiento de los hogares destinado a cubrir necesidades básicas.
La decisión del Ejecutivo riojano responde a los alarmantes indicadores del sector financiero. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejados en el Mapa de la Deuda, La Rioja registró en junio una tasa de mora del 23,99%, la más alta del país, superando a provincias como San Luis (22,24%) y Santa Cruz (21,93%). Durante julio, el índice de morosidad en la provincia escaló al 25,72%.
Desde el gobierno provincial fundamentaron el principio político que sostiene la medida:
«Cuando una familia se endeuda para sostener necesidades básicas, no puede quedar sola frente a condiciones abusivas. El Estado tiene que estar presente para proteger el salario, cuidar los ingresos familiares y garantizar que ninguna situación de necesidad sea utilizada para someter o perjudicar a las personas.»
Alcances del DNU 1293/2026 y medidas de fiscalización
El régimen dispuesto por Quintela introduce nuevas herramientas de control sobre las entidades y prestamistas que otorgan créditos de consumo, fijando mayores exigencias de transparencia e información.
Entre las principales disposiciones del DNU se destacan:
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Exigencias de información: Obligación de brindar condiciones claras, tasas de interés transparentes y costos financieros totales antes de la contratación.
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Registro y fiscalización: Creación de un mecanismo provincial para auditar a los proveedores de crédito.
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Instancias de conciliación: Espacios de negociación para abordar casos donde el nivel de deuda familiar resulte insostenible.
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Refinanciación de obligaciones: Medidas transitorias para facilitar la revisión de contratos y reestructurar deudas sin comprometer el sustento diario.
Protección del salario sin desconocimiento de deudas
Desde la administración riojana aclararon que la medida no busca desobligar a los deudores ni perjudicar la actividad financiera legítima. El propósito central es frenar abusos en contextos donde el deterioro del poder adquisitivo empuja a los ciudadanos a tomar créditos para comprar alimentos, medicamentos y pagar servicios esenciales.
Asimismo, con la promulgación de este decreto, La Rioja pretende abrir un debate de alcance nacional sobre la responsabilidad de los Estados provinciales en la regulación de las relaciones de consumo y la preservación del poder adquisitivo.