El gobierno británico publicó un documento oficial titulado “Doing Business with the Falkland Islands”. La publicación respalda la actividad comercial en el archipiélago, rechaza la jurisdicción argentina para aplicar sanciones y ofrece asesoramiento legal ante las medidas impulsadas por la Casa Rosada.
El gobierno británico publicó en el portal oficial gov.uk la guía corporativa “Doing Business with the Falkland Islands” (Haciendo negocios con las Islas Malvinas). El documento constituye la primera respuesta formal de Londres tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre el endurecimiento de las penalizaciones a compañías petroleras y pesqueras que operen en el Atlántico Sur sin autorización argentina.
La publicación está dirigida a corporaciones e inversores que provean bienes, servicios o participen en la explotación de recursos naturales en la zona. Según sostiene el texto instituido por el Reino Unido, la administración británica “apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”.

Los ejes centrales del documento británico
El instructivo oficial detalla la postura diplomática, comercial y jurídica de Gran Bretaña estructurada en cuatro puntos clave:
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Soberanía y autodeterminación: El texto ratifica la posición histórica de la corona británica al afirmar que “el Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes”. A su vez, reafirma que “no discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”, apelando al derecho de autodeterminación contemplado en la Carta de las Naciones Unidas.
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Explotación de hidrocarburos: La guía establece que la actividad en la plataforma continental se rige bajo la normativa local del archipiélago. Además, enfatiza que “el Gobierno del Reino Unido apoya el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico”.
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Rechazo a las sanciones argentinas: Londres sostiene que “Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas”, desestimando las medidas judiciales de Buenos Aires y asegurando que dichas normativas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa”.
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Respaldo diplomático y legal: La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) instó a las firmas que reciban intimaciones legales argentinas a obtener “asesoramiento jurídico independiente”, ofreciendo canalizar contactos directos para garantizar la operatividad de las empresas, aun ante presiones en terceros países.
La respuesta de la Casa Rosada: ampliación de denuncias y nueva ley
Frente a la publicación de la guía británica, el Gobierno argentino ratificó que avanzará con las acciones judiciales contra las operadoras del archipiélago.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó la extensión de las acciones legales impulsadas por el Ejecutivo nacional:
«Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas.»
En paralelo, la Casa Rosada ultima los detalles de un borrador legislativo enfocado en blindar la soberanía sobre el Atlántico Sur y endurecer el régimen de sanciones a cualquier firma internacional que explote recursos sin aval del Estado argentino.
