Investigan el faltante de 233 ampollas de fentanilo y propofol del Hospital Santa Teresita de Rawson.
La denuncia por la desaparición de 213 ampollas de fentanilo y 20 de propofol fue presentada originalmente en abril de 2026. Tras un conflicto de competencia entre fueros, el expediente regresó a la órbita de la Justicia provincial para avanzar en las medidas de prueba pendientes.
Una denuncia sin investigación efectiva y disputa de fueros
Un grave faltante de medicamentos de acceso restringido y alto control encendió las alarmas en el Hospital Sub Zonal Santa Teresita de Rawson. La denuncia inicial fue efectuada por trabajadores del propio centro asistencial tras detectar la desaparición de 233 ampollas —discriminadas en 213 unidades de fentanilo y 20 de propofol— sustraídas de la Unidad de Terapia Intensiva.
Sin embargo, el caso acumuló meses de inacción. Según confirmó el fiscal Fernando Gélvez a Canal 12 Web, el hecho ocurrió meses antes de su formalización en abril de 2026 y, hasta el momento, no se había llevado adelante una investigación efectiva para esclarecer el destino de los fármacos.
En una primera instancia, la jueza provincial Karina Breckle declaró la incompetencia de la Justicia de Chubut al advertir la presencia de fentanilo y presumir una posible desviación hacia el circuito ilegal, girando las actuaciones al fuero federal. Ante esto, el fiscal federal Fernando Gélvez se opuso al traslado al considerar que se debían realizar medidas básicas de investigación previa, tales como tomar declaración a los denunciantes y relevar los registros internos del hospital. Finalmente, el juez federal Gustavo Lleral dispuso la devolución del expediente, ratificando que la causa debe tramitarse en la órbita provincial.
Líneas de trabajo y situación actual
Con el retorno de la causa a la Justicia de Chubut, los investigadores deberán reconstruir los hechos para determinar cuándo se produjo exactamente el faltante, quiénes tenían acceso autorizado al sector y qué ruta tomaron los medicamentos controlados.
Hasta el momento, no hay personas imputadas ni certezas sobre el paradero de las ampollas, cuyo valor en el mercado negro suele ser elevado dada su estricta regulación. La falta de registros y la demora en las pericias iniciales representan los principales desafíos para los sabuesos judiciales que ahora retoman el expediente.