En un giro geopolítico y económico clave para la soberanía nacional, tres de las empresas de servicios petroleros más grandes del mundo —Halliburton, SLB y Baker Hughes— confirmaron formalmente su decisión de retirarse de cualquier actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus aguas circundantes, dejándolas fuera del estratégico proyecto Sea Lion.
La masiva abstención de estas corporaciones, que concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones offshore de gran escala, responde de manera directa a la ofensiva diplomática y legal desplegada por el Gobierno argentino.
Bajo los lineamientos de la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, el Ejecutivo emitió alrededor de 180 notificaciones formales a firmas internacionales de servicios energéticos. La advertencia fue categórica: cualquier colaboración o participación logística en proyectos hidrocarburíferos ilegales en el archipiélago británico de ultramar acarrearía la inhabilitación inmediata para operar en Vaca Muerta.
Ante la disyuntiva de elegir entre negocios marginales en Malvinas o su participación en la principal cuenca no convencional del país —que hoy supera los 600.000 barriles diarios y representa un polo de inversión global de miles de millones de dólares—, las compañías optaron por priorizar el mercado continental argentino.
El domino de las deserciones
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Halliburton: La multinacional estadounidense comunicó este viernes a las autoridades nacionales su retiro definitivo del proyecto Sea Lion, ratificando una postura que su casa matriz en Houston ya venía evaluando tras la endurecida postura oficial y las advertencias públicas del presidente Javier Milei.
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SLB y Baker Hughes: Ambas firmas ya habían adoptado la misma determinación durante el mes de septiembre, desvinculándose por completo de cualquier iniciativa vinculada a la explotación petrolera en las islas.
Este bloque de deserciones priva a las iniciativas británicas en Malvinas del soporte técnico indispensable para su ejecución, evidenciando la efectividad de la política exterior y de control económico implementada por la administración nacional.
