El Gobierno nacional formalizó una dura intimación al Reino Unido para que, en un plazo máximo de dos semanas, suspenda el desarrollo del proyecto hidrocarburífero “Sea Lion” en la Cuenca Malvinas Norte. La advertencia advierte que, de no cumplirse el requerimiento, la Argentina avanzará de inmediato con demandas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La medida fue instruida directamente por el presidente Javier Milei a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado, activando los mecanismos formales previstos en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El reclamo se fundamenta en la violación de resoluciones históricas de las Naciones Unidas:
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Resolución 2065 (XX): Reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a la negociación bilateral.
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Resolución 31/49: Prohíbe de manera expresa la adopción de medidas unilaterales que modifiquen la situación de los archipiélagos mientras dure la controversia.
Desde el Ejecutivo advirtieron que la explotación unilateral de recursos naturales constituye una violación flagrante al derecho internacional que genera un “perjuicio irreversible e irreparable” a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Rechazo a Londres y vuelos ilegales
En paralelo a la intimación por el proyecto Sea Lion, la Oficina del Presidente emitió un categórico rechazo a la postura británica tras el discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU, reiterando que la denominación de “Territorio Británico de Ultramar” y los referéndums unilaterales no tienen validez jurídica internacional.
Asimismo, el Gobierno reveló que se detectaron vuelos ilegales operados por la firma THALES UK LIMITED desde las islas hacia la ciudad chilena de Punta Arenas, utilizando aeronaves con matrícula británica sin la debida autorización argentina, lo que ya derivó en gestiones diplomáticas de protesta.