El máximo tribunal dio 60 días al Gobierno nacional para responder por el recorte en el transporte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó formalmente su competencia para tratar la demanda promovida por la provincia de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo Nacional a raíz del cese de las transferencias del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (FCI).
La Corte Suprema interviene en la causa por el Fondo de Compensación
La medida del Gobierno central había sido anunciada en febrero de 2024 por el Ministerio de Economía y posteriormente ratificada en marzo mediante el DNU 280/2024.
Con esta resolución judicial, el máximo tribunal otorgó un plazo de 60 días a la gestión de Javier Milei para dar respuesta a los planteos formulados por el Ejecutivo bonaerense. Una vez que la administración central efectúe su descargo o concluya el tiempo estipulado, los magistrados estarán en condiciones de resolver sobre el pedido de medida cautelar solicitado por la provincia de Buenos Aires.
El reclamo de Kicillof por los subsidios del interior y el boleto de colectivo
La acción judicial impulsada por la administración de Axel Kicillof exige que la Justicia declare la «invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica» del comunicado ministerial, como así también la inconstitucionalidad del artículo 18 del DNU.La provincia reclama la emisión de un fallo cautelar que intime al Estado Nacional a transferir de manera «inmediata y efectiva» los recursos retenidos, sumando los intereses correspondientes.
Las autoridades provinciales denunciaron que la suspensión del fondo generó una «grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público», derivando en considerables incrementos en la tarifa del boleto de colectivo fuera del AMBA.
En el escrito, argumentaron además que la decisión oficial «vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal», impactando sobre una partida creada por la Ley N° 27.467 en 2018 con una suma inicial de $6.500.000.000 destinada a equilibrar los costos del sistema.