Baires Fly S.A. está bajo la lupa en Comodoro Py por la causa ANDIS, mientras llueven denuncias contra Milei.
La escandalosa salida del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de alta tensión judicial y política.
Nexos con la corrupción en la ANDIS, facturas sospechosas y el rol de Mastropietro
Baires Fly S.A., la empresa de aviación privada contratada para trasladar al dirigente y a su familia desde el suelo argentino hasta Miami, se encuentra en el ojo de la tormenta al figurar como una de las firmas centrales investigadas por presunto lavado de dinero en la causa que rodea a la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según los registros oficializados por la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22:50 por el paso internacional Tancredo Neves (Misiones) acompañado por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, todos con documentación hábil y sin trabas legales en el país.
De inmediato, abordaron el avión Gulfstream G400 de Baires Fly rumbo a Miami, realizando una escala técnica previa en Guayaquil, Ecuador. Sin embargo, la compañía aérea acarrea un pesado expediente en el fuero federal:la Justicia investiga si fue utilizada como engranaje para blanquear fondos ilícitos provenientes de droguerías beneficiadas con contrataciones irregulares en la ANDIS mediante transferencias millonarias y la facturación de servicios aeronáuticos simulados, amparados bajo el concepto de «compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa».
En el centro de la maniobra promovida por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo se ubica al empresario procesado Sergio Daniel Mastropietro, señalado como el presunto recaudador y blanqueador del dinero coordinado por Miguel Ángel Calvete.
Lluvia de denuncias penales contra Javier Milei y el Gabinete nacional
La fuga internacional de Bolsonaro —quien tenía prohibición de salida de su país dictada por el juez brasileño Alexandre de Moraes por presunto lavado de activos— derivó en una embestida judicial directa contra el Poder Ejecutivo argentino.Tras confirmarse la logística implementada en el territorio nacional, se radicaron dos denuncias penales de altísimo impacto institucional que apuntan a determinar si existió una complicidad estatal para facilitar la evasión del dirigente sudamericano.
La diputada Marcela Pagano realizó una presentación formal ante la Justicia Federal de Misiones solicitando investigar delitos de tráfico ilegal de personas en tránsito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y encubrimiento, pidiendo la preservación urgente de filmaciones, documentación de Migraciones, la PSA, ANAC y Baires Fly.
Por su parte, el dirigente de izquierda Gabriel Solano denunció de manera directa al presidente Javier Milei y a sus funcionarios en Comodoro Py por encubrimiento agravado y grave desvío de poder, acusando a la administración central de utilizar la estructura del Estado nacional para eludir la cooperación judicial internacional.