La Libertad Avanza busca firmar dictamen en Diputados introduciendo cambios centrales: atenuará las sanciones a empresas extranjeras vinculadas a proyectos hidrocarburíferos y sumará control parlamentario al Consejo de Seguridad.
En la antesala de un plenario decisivo convocado para este martes a las 16:00 en las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el oficialismo negocia a ritmo acelerado modificaciones sustanciales en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por la gestión de Javier Milei. La estrategia busca destrabar el respaldo de los bloques dialoguistas e incorporar objeciones planteadas por el gobierno de Estados Unidos.
La articulación del acuerdo está coordinada por la diputada libertaria Silvana Giudici, junto a las autoridades de plenario Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. Pese al optimismo del oficialismo, el dictamen de mayoría aún enfrenta resistencias clave, como las del bloque Argentina Federal, cuyo diputado Alberto Arrúa cuestionó que la iniciativa incorpore reformas en seguridad e inteligencia junto a la causa Malvinas.
Diálogo con EE.UU. y los cambios centrales en el dictamen
Las reformas negociadas en Balcarce 50 e impulsadas desde la Cámara baja responden de forma directa a las observaciones manifestadas por la administración estadounidense a través del subsecretario de Estado, Christopher Landau, en su reciente paso por la Casa Rosada:
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Flexibilización de sanciones a petroleras: El texto original apuntaba a sancionar de forma severa a corporaciones vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion (Cuenca Malvinas), operado por Rockhopper y Navitas. El nuevo articulado delimitará el alcance de las penas únicamente a operadoras directas, licenciatarias o accionistas con participación directa, protegiendo a empresas proveedoras o asociadas en otros desarrollos internacionales.
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Control parlamentario al Consejo de Seguridad: Ante las críticas sobre las facultades discrecionales de este órgano para validar o rechazar inversiones extranjeras, el Poder Ejecutivo aceptó incorporar una Comisión Bicameral. Tras una propuesta del diputado Eduardo Falcone (MID), el Ejecutivo deberá informar a dicha comisión en un plazo máximo de 48 horas sobre cualquier medida de seguridad adoptada.
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Prensa y actividad académica resguardadas: Se modificará el artículo 111 —que penalizaba injerencias extranjeras y campañas de desinformación— para excluir explícitamente a los periodistas, las investigaciones académicas y las gestiones diplomáticas, respondiendo a cuestionamientos planteados por la UCR y Unión por la Patria.
«La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas es una causa sagrada para los argentinos», aseveró el asesor presidencial Santiago Caputo, defendiendo la vigencia de la propuesta ante las consultas de la prensa.
Cruces con la oposición y la postura de Victoria Villarruel
Desde la bancada de Unión por la Patria, el excanciller Jorge Taiana cruzó la postura del Gobierno y cuestionó el alineamiento con Washington: «Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de Donald Trump».
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel se manifestó en redes sociales con la consigna en latín «Res non verba» («Cosas, no palabras»), ratificando su histórica postura de reclamar los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur mediante el diálogo bilateral y la memoria a los excombatientes, en paralelo a las gestiones que encabeza desde la Dirección Gesta de Malvinas en el Senado.