El escenario judicial argentino suma máxima tensión tras las contundentes resoluciones que asestan duros reveses al Poder Ejecutivo Nacional.
El protagonista de estos fallos decisivos es Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Capital Federal. El magistrado captó la atención pública al suspender artículos clave de la reforma laboral, anular decisiones sobre el protocolo «antipiquetes» e imponer multas pecuniarias por el incumplimiento del financiamiento universitario.
Pasado en la IGJ, el PAMI y nombramiento bajo el gobierno de Fernández
Abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cormick cuenta con una dilatada trayectoria académica como docente de grado y posgrado en las universidades de Avellaneda y José C. Paz, además de ser coautor de publicaciones sobre contratos administrativos y servicios públicos. En la esfera institucional porteña, se desempeñó como defensor de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, su perfil cobra relevancia política por sus anteriores funciones durante las gestiones kirchneristas. En octubre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner lo designó al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) mediante el Decreto 1756. Años más tarde, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, estuvo a cargo de la Sindicatura General del PAMI bajo la conducción de Luana Volnovich, etapa en la que diversos medios remarcaron su cercanía con dirigentes de La Cámpora. Finalmente, llegó a la magistratura federal el 5 de noviembre de 2020 designado por Alberto Fernández a través del Decreto 866, previo acuerdo del Senado.
Freno a la reforma laboral, choque universitario y el protocolo antipiquetes
Entre sus fallos de mayor impacto figura la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la UBA. El pasado 6 de octubre declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para frenar la Ley de Financiamiento Universitario tras la ratificación del Congreso, por considerarlo un veto no previsto en la Carta Magna. Esta semana, fijó una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no actualizar salarios y becas en el marco de la cautelar vigente. Ante esto, la Casa Rosada anunció la apelación de la sentencia y cuestionó la filiación política del juez.
Por otra parte, Cormick también intervino en la causa impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el protocolo antipiquetes de Seguridad. Tras actuar como observador en marchas de jubilados, declaró nula la medida en diciembre de 2025 al entender que se invadían facultades legislativas, aunque la Cámara revocó dicha resolución en marzo de 2026. Recientemente, tras una presentación del Colegio Público de la Abogacía, dictó una medida cautelar por noventa días que suspende los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802 sobre la reforma laboral, frenando temporalmente los cambios en la responsabilidad profesional y el cobro de honorarios.